Redacción La Última
Ya la Defensoría del Pueblo viene mediando para que los uniformados retenidos sean liberados y para restablecer el diálogo y frenar violencia en la inspección Los Pozos de San Vicente del Caguán
La dificil situacion de orden público que ha vivido San Vicente del Caguán en las últimas horas ha sido caótica. Un escuadrón de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la ciudad de Neiva, fue enviado para brindar apoyo en el restablecimiento del orden público pero terminaron retenidos por los campesinos e indígenas que protestaban.
La Defensoría del Pueblo se encuentra mediando en la zona y mantiene la disposición para servir como canal de diálogo para solucionar la crisis y prevenir que sigan ocurriendo hechos de violencia.
Así lo dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al advertir que “resulta lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos. Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos”.
“La Defensoría del Pueblo, a través de nuestro equipo en territorio de la Regional Caquetá y de la Delegada para la Prevención de la Conflictividad Social, ha hecho seguimiento a las protestas y bloqueos de los campesinos e indígenas en las instalaciones de la empresa Emerald Energy; pero esta madrugada se habrían lanzado bombas molotov y quemaron las instalaciones de la misma, lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de policía y militares”, agregó Carlos Camargo Assis.
Un grupo de funcionarios de la Regional de Caquetá se encuentra en la zona para verificar de primera mano la atención médica de los heridos, abrir mesas de diálogo y buscar que se terminen las acciones violentas para establecer el control y la tranquilidad de la región.
A juicio del Defensor del Pueblo, la prioridad es la protección al derecho a la vida, que no se vean perjudicados los habitantes de la región, ni los integrantes de la fuerza pública, autoridades civiles o trabajadores de la empresa privada.
