Redacción La Última
El alcalde de Neiva, el exsecretario de Educación, Giovanni Córdoba, y los secretarios Camila Ortega y Armando Cabrera, fueron destituidos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por 10 años para el mandatario y 9 para los funcionarios, luego de que la Procuraduría tipificara como falta gravísima la actuación que tuvieron en varios contratos suscritos para contener la pandemia del Covid 19.
La decisión se dio el día de hoy tras una audiencia en la Procuraduría y ante el fallo de primera instancia, el alcalde municipal anunció que ya interpuso recurso de apelación.
“La decisión adoptada por la Procuraduría Delegada corresponde a un fallo de primera instancia, y contra ella ya interpusimos recurso de apelación, para que el superior jerárquico estudie los argumentos presentados y adopte la decisión que en derecho corresponda. La sanción de primera instancia no se hace efectiva hasta tanto se resuelva la segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, continuaré en el ejercicio normal de mis funciones, como Alcalde, tal cual como lo he venido haciendo desde el 1 de enero de 2020”, indicó a través de eun comunicado.
Y agregó, “aunque siempre hemos sido respetuosos de las instituciones, sobre el fallo de primera instancia, debemos manifestar que, si bien acatamos las decisiones de las autoridades administrativas, no compartimos la valoración probatoria realizada por la Delegada, dado que pasa por alto el contexto y las implicaciones que representó la Pandemia derivada del Covid-19, la Emergencia Sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta. En razón a ello, fue que apelamos la decisión.
En contexto
La Procuraduría General de la Nación venía investigando al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y a otros tres funcionarios de la administración municipal, por presuntas irregularidades en la firma de cinco contratos para atender la emergencia generada por el covid-19.
Se trata del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, y los exsecretarios de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez, y de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, respectivamente.
Los contratos firmados tenían como objetivo la elaboración de una campaña para la prevención del covid-19, por $438 millones, y la atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones.
Los otros consistían en la compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores, por $2.389 millones; la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar – PAE –, por $5.250 millones, y la interventoría de esta última actividad, por $300 millones.
Al parecer se presentaron presuntos sobrecostos en la campaña para prevenir el contagio del virus y en la compra de los mercados para la atención de los adultos mayores.
Igualmente, se investigaban posibles irregularidades en la planeación para brindar atención integral a los habitantes de la calle, pues se habría firmado antes de que se radicaran los estudios previos, y el contratista seleccionado no cumpliría los requisitos de capacidad y experiencia requeridos.
Además, los seleccionados para comprar los productos del PAE y realizar la respectiva auditoría aparentemente no cumplían con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar esas actividades, y al parecer el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos.
