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Borrón y cuenta nueva para reportados en centrales de riesgo

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Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley «Borrón y cuenta nueva 2.0», que busca establecer un régimen de transición para eliminar los registros negativos en las centrales de riesgo de personas con retrasos en sus pagos. La propuesta, que ahora debe ser aprobada por el Senado, amplía lo estipulado en la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021.

Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico y autor del proyecto, afirmó que la medida incentivará el pago de deudas vencidas mediante la eliminación inmediata de los registros negativos de quienes se pongan al día, beneficiando así a muchas personas. Uno de los puntos clave del proyecto establece que aquellos que salden sus deudas dentro de los primeros 12 meses del régimen de transición serán eliminados automáticamente de los registros negativos de las centrales de riesgo, sin necesidad de una solicitud adicional.

El texto aprobado especifica: “Quienes extingan sus obligaciones reportadas con entidades financieras en los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por un máximo de 6 meses a partir de la fecha de extinción de las obligaciones. Transcurrido este plazo, su reporte negativo deberá ser eliminado de inmediato de los bancos de datos de historiales crediticios”.

Además, la ley menciona que aquellos con deudas crediticias con el Icetex que paguen sus cuotas vencidas, liquiden su deuda o realicen un acuerdo de pago y mantengan el pago continuo de las cuotas durante los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, podrán solicitar la eliminación inmediata de su registro negativo.

El proyecto contó con el apoyo de representantes como el conservador Armando Zabaraín, quien destacó los beneficios de la primera fase de esta iniciativa para muchas personas endeudadas. Sin embargo, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, advirtió sobre posibles riesgos relacionados con los plazos entre una ley y otra, señalando que esto podría afectar la disponibilidad de crédito a mejores tasas por parte de los bancos.

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