Judicial
Docentes de instituciones educativas en los municipios de Nátaga y Suaza, Huila, denunciaron haber recibido amenazas graves contra su integridad física y la de sus familias. Según la información proporcionada, las intimidaciones se originaron en Nátaga y en las veredas en Alto Horizonte y Brasil, en el municipio de Suaza, donde un grupo de personas, que se autodenominaron integrantes de las FARC EP, exigieron sumas de dinero a cambio de no atentar contra los docentes y directivos.
En respuesta a estas amenazas, los docentes y el personal administrativo de las instituciones afectadas enviaron un oficio a las autoridades, solicitando la suspensión inmediata de las labores académicas a partir del 29 de agosto de 2024. En el documento conocido por La Última, lee que el 27 de agosto, a las 10:45 a.m., la rectora de una de las instituciones recibió una videollamada a través de la aplicación WhatsApp, en la cual se les exigió una “contribución voluntaria” de un millón de pesos por docente y cinco millones por rector. De no cumplir con esta demanda, las consecuencias serían atentados contra la vida de los implicados y sus familiares.
El grupo armado justificó su exigencia señalando que las declaraciones realizadas por el presidente de la Asociación de Docentes del Huila (ADIH) en medios de comunicación sobre actos de reclutamiento forzado en la zona eran falsas. En consecuencia, se les impuso a los docentes el pago de esta “contribución voluntaria”, dejando en claro que el incumplimiento sería interpretado como un acto de no apoyo al frente armado.
Ante esta situación, la Secretaría de Educación del Huila tomó conocimiento del caso y lo reportó inmediatamente a las autoridades municipales de Nátaga y Suaza. Según informó la Secretaría, “delincuencia común llegó y reunió a los docentes y a los directivos, exigiendo una cantidad millonaria de dinero, bajo la amenaza de atentar no solo contra los profesores y las rectoras, sino también contra sus familias”. La situación generó una profunda preocupación entre los docentes, quienes expresaron su temor ante las posibles represalias.
Las autoridades locales, en coordinación con la Gobernación del Huila, han desplegado un operativo de seguridad en la región con el objetivo de capturar a los responsables de estas amenazas. Además, la Secretaría está trabajando junto con el jefe de seguridad de la Gobernación para diseñar un protocolo de seguridad que prevenga la repetición de estos hechos en las 177 instituciones educativas y 35 municipios no certificados en educación del departamento.
Mientras tanto, el clima de terror persiste entre los docentes, quienes temen por su seguridad y la de sus familias. La situación ha generado una gran tensión en las instituciones educativas afectadas, poniendo en riesgo la normalidad del servicio educativo en la región.
