Alexander Rojas R.
Debe ser práctica sagrada de un estudiante de «primer» semestre en una Escuela de Gobierno el distinguir, sin elucubraciones, conceptos como división de poderes, check & balance, control político y orden democrático. Ideas que los honorables miembros del Consejo Nacional Electoral que pretenden “investigar” al presidente de la República no solo desconocen, sino también transgreden incentivando, por un lado, la paranoia petrista de un golpe de estado; y, por otro, la argucia leguleya de tinterillos de dudosa reputación académica.
Repasemos.
La República se fundó bajo dos principios liberales fundamentales. Primero, la división del poder en tres principales funciones —legislativa, ejecutiva y judicial— con el fin de guillotinar las autocracias que concentraban todo el poder en la cabeza del monarca. Segundo, el check and balance de esas ramas para que se «controlaran» mutuamente y sus poderes fueran lo suficientemente «equilibrados» para que ninguna tuviera supremacía sobre las otras.
Entre aquellos poderes, aparte de hacer leyes, el Congreso tiene el deber de ejercer «control político» sobre el ejecutivo. Función que despliega a través de debates y mociones de censura a miembros del gobierno; o, eventualmente, un juicio político al presidente que puede terminar en su destitución. En esencia, el Congreso no solo debe ser por convicción democrática la piedra en el zapato del gobierno, sino también el juez natural del presidente.
Sin embargo, dados los devastadores efectos de semejante potestad — ¡la destitución del presidente! — el constitucionalismo de 1991 determinó que tal poder solo podría ser asignado al Congreso. Ni a un juez de un municipio pintoresco del Vaupés, ni al más egregio magistrado cachaco de una alta corte en Bogotá. La razón de este exclusivismo radica en el muy sensible principio del «orden democrático», el cual debe garantizar: por un lado, el fuero integral del presidente, lo cual lo blinda frente a la anarquía institucional de todos investigándolo, juzgándolo o condenándolo; por otro, el cumplimiento del Rule of Law, es decir, de lo establecido en la constitución y la ley, y no en la voluntad personal o los intereses de grupo.
En síntesis, la pretensión del CNE de investigar al «presidente» no solo es una ordinaria tesis de tinterillo de dudosa formación, sino, en efecto, un atentado contra la República, del cual Gustavo Petro no es más que un conejillo de indias.
Politólogo y analista de la Universidad El Bosque, Bogotá.
