inicioJudicialJEP imputa por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35...

JEP imputa por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 integrantes del Ejército en el Huila

Redacción La Última

200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio, son atribuibles a miembros retirados y activos del Ejército Nacional que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.

192 de las 264 muertes reportadas por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate.

La JEP llamó a reconocer responsabilidad al mayor general Miguel Pérez Guarnizo, al general (r) Jaime Lasprilla Villamizar y al brigadier general William Pérez Laiseca. Como coautores, a los mayores generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

La JEP se abstuvo de imputar por esos hechos al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo Páez, antiguo comandante del BIMAG y seis oficiales más, integrantes del Estado Mayor de la IX Brigada. Bogotá, 20 de noviembre de 2023. Por su participación en la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 militares, entre ellos cinco generales (r), por hechos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.

General (r) Jaime Lasprilla Villamizar

A esas personas se les atribuyen, en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Huila, 200 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, crímenes que fueron perpetrados por integrantes del Ejército Nacional que operaron en el departamento.

Brigadier general William Pérez Laiseca

Los militares activos y retirados que fueron imputados pertenecieron al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.

Mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo,

En el marco del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, la JEP decidió imputar como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión: el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales.

Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes. Sus omisiones contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados en el Subcaso Huila, una de las seis zonas priorizadas en la investigación.

Las actuaciones de los tres altos oficiales transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. Las presiones se dieron en un contexto de estricta jerarquía militar, falta de un control efectivo y la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar.

En el caso de los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto a los 30 comparecientes que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades priorizadas, todos deben responder a título de coautores por los crímenes que se les imputan. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.

Los asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en el Huila generaron un entramado de impactos que ocasionaron daños en diferentes esferas de la vida de las víctimas, sus familiares, comunidades y territorios a diversos niveles: individual, familiar, social, político, cultural y productivo.

Muchos de los daños se agudizaron por el impacto social y mediático propio de los patrones criminales, la falta de acompañamiento -o indebido – y las revictimizaciones causadas por los responsables, por el Estado -incluso el sistema judicial mismo- y por la sociedad, a veces estigmatizante, indolente o apática. A partir de los relatos de las víctimas acreditadas en el subcaso, las afectaciones narradas ante la JEP fueron organizadas en cinco categorías: (i.) al buen nombre; (ii.) relacionales, (iii.) al bienestar, (iv.) a la ciudadanía y (v.) a los proyectos, el empleo y el patrimonio.

Dentro de los daños identificados por los familiares se encuentran los relacionados con las afectaciones psicológicas, especialmente trastornos emocionales y afectivos, con efectos desencadenantes en los hábitos y dinámicas relacionales. Estas afectaciones tuvieron distintas temporalidades y se han prolongado en el tiempo, comenzando con la incertidumbre de no conocer qué pasó con sus familiares, continuando con el sufrimiento causado por el conocimiento de los hechos, y posteriormente, con la relación que se establece entre la víctima y el sistema judicial, y en general, con la sociedad y el Estado.

Uno de los mayores reclamos expresados por las víctimas se enfoca en el rol que desempañaron los medios de comunicación que, masivamente, replicaron sin contrastar las versiones oficiales del Ejército y el Gobierno nacional, generando y amplificando los daños de estigmatización sobre las familias en sus comunidades, territorios, problemas de seguridad, así como afectaciones psicológicas y psicosociales.

¿Qué sigue?

Tras ser notificados, los 35 imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones frente a lo determinado en el auto.

Una vez venza el tiempo, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Esta audiencia o audiencias serán preparadas y desarrolladas con participación de las víctimas. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Lo más leido

spot_img