inicioOpiniónLa financiación del terrorismo, ¿un delito obligado a cometer?

La financiación del terrorismo, ¿un delito obligado a cometer?

Por: Juan Camilo Morales Conde

Todo comienza cuando usted decide invertir todos sus ahorros, en un proyecto empresarial, con el fin de tener una independencia económica y mejorar las condiciones de vida suyas y de su familia. Pero con lo que usted no cuenta, es que, además, también tiene que mejorársela, mediante el pago de las mal llamadas ‘vacunas’ a un montón de delincuentes poderosos y multimillonarios, gracias a la incapacidad de los gobiernos a través de la historia del país.

Es escandaloso y deprímete para un pueblo agobiado saber, que estas poderosas estructuras delincuenciales, recaudan ilícitamente, un promedio de $1.000 millones de dólares, lo equivalente a más de 4 billones 200 mil millones de pesos, a costa de la extorsión de campesinos, empresarios, comerciantes y personas del común, quienes viven bajo las amenazas de muerte o secuestro en Colombia.

Trataré de no ser técnico, con el fin, de que el mensaje llegue de una manera más clara. En el Código Penal Colombiano se establecen entre otros, dos tipos de delitos, el primero; que atenta contra el patrimonio económico, y el segundo; contra la seguridad pública, entre esa tipología se encuentran dos de los artículos a tratar; la extorsión, y el otro, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, respectivamente.

En el primero, el sujeto activo de la comisión del delito, es el delincuente para ser más claros, o sea, el que constriñe a otro para provecho suyo. Esto quiere decir, que es claro que quien deberá ser procesado y llevado a una cárcel, es el bandido que extorsiona.

Ahora bien, revisemos el segundo delito, el cual, trata de la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada (…), aquí viene el gran dilema jurídico por el cual, de manera indirecta, se vuelve un delito de obligatorio cumplimiento para todo aquel, que pague una extorsión.

La denominación, de sujeto pasivo del primer delito, cambia inmediatamente para volverse sujeto activo de la comisión de la segunda conducta, pues el verbo rector provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, de manera directa o indirecta, NO excluye al ciudadano, al empresario o al hotelero, obligado a pagar, delito por el que podría estar siendo procesado y condenado a pagar pena de prisión.

Y aunque suene injusto, es hoy la realidad de los colombianos, pero ¿Qué hacer frente a este flagelo? Hay quienes aseguran que la solución es combatir la financiación del terrorismo mediante una cooperación internacional sólida y coordinada de los gobiernos, para fortalecer sus políticas de monitoreo y regulación financiera, implementando medidas que dificulten el flujo de dinero hacia grupos terroristas.

¡Paja!, aquí lo que debe hacer el Estado colombiano a través de gobiernos venideros, es reprimir la delincuencia mediante operaciones militares y de policía, porque con el actual Gobierno ya no se pudo, ya que se enfrascó en una “Paz total” que le ha salido muy mal. Los grupos subversivos le cogieron ventaja, al punto de doblegar las decisiones del Presidente de la República.

Con esto no quiere decir que se esté en contra de la paz, es claro que hay un pueblo que la quiere estable y duradera. Y no solo de los que vivimos la guerra fuera del campo de combate, pues allá adentro, tanto de la fuerza pública, como desde las mismas guerrillas, hay seres humanos, unos por vocación y otros por obligación, que quieren vivir tranquilos junto a sus familias.

Hoy la capital bambuquera de Colombia, aunque en fiestas, atraviesa por una de sus peores olas de extorsión y atentados terroristas en contra de los comerciantes y empresarios, y ni que decir de los campesinos en las zonas rurales. En lo que va recorrido del año, ya se cuentan 17 atentados con explosivos a diferentes locales comerciales, y a eso sumémosle el dolor de cabeza que a diario sufren los ciudadanos a costa del hurto desbordado en todas sus modalidades.

De esta situación el pueblo espera dos cosas puntuales, la primera; que los debates de control político realizados por el Concejo de Neiva al Secretario de Gobierno, no se queden, en eso, en simples debates, sino que por el contrario, el Dr. José Ferney Ducuara, desde esa secretaria y bajo esta administración, logre cumplir lo consignado en el Plan de Desarrollo. Lo segundo; que el Gobierno Departamental se salga de las naguas del Gobierno Nacional y exija, el levantamiento del cese bilateral entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc.

Pero también, es fundamental educar a la población sobre cómo reconocer y reportar actividades de extorsión, las cuales están destinadas al financiamiento del terrorismo. Hay que denunciar, y aunque sé que no es fácil, pues no se le puede poner un escolta a cada ciudadano extorsionado que teme por su vida, si debe contemplarse como un deber.

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