Por: Carlos Ernesto Álvarez
En los últimos días, hemos sido testigos de múltiples casos de nulidades en las elecciones de concejales en Neiva, sumados a los procesos en curso contra diputados e incluso alcaldes del departamento, muchos de los cuales podrían perder sus curules debido a presuntas inhabilidades o casos de doble militancia. Estos escenarios no solo generan incertidumbre en los elegidos, sino también en los ciudadanos que confían en que quienes los representan lo hacen de manera legítima.
Es fácil caer en el debate de quién debería o no seguir ocupando su puesto, pero esa discusión no es la que quiero abrir. Mi enfoque está en proponer una solución que, si bien requiere una reforma electoral, puede ser una medida efectiva para evitar esta situación recurrente.
Estos procesos de nulidad y el constante cambio de concejales, diputados y alcaldes debido a problemas de inhabilidades y doble militancia representan un desgaste procesal, jurídico, económico y, por supuesto, político. No solo las instituciones se ven sobrecargadas con pleitos interminables, sino que la confianza del electorado también tiene límite. El ciudadano que depositó su voto en las urnas espera que su decisión sea respetada y, cuando ve que las curules están en constante disputa, se genera una desconfianza profunda en el sistema.
Desde hace tiempo he venido pensando en la posibilidad de que quienes aspiramos a cargos de elección popular, ya sea para concejos, alcaldías, asambleas, gobernaciones, Congreso o incluso la Presidencia de la República, se inscriban con al menos ocho meses de antelación a la fecha de los comicios. Este período sería suficiente para que el Consejo Nacional Electoral, o incluso la sala de consulta del Consejo de Estado, puedan pronunciarse sobre las posibles inhabilidades de cada candidato antes de que comiencen sus campañas.
Esta medida tiene varias ventajas: en primer lugar, permitiría despejar el panorama electoral desde el principio, evitando la judicialización posterior del proceso, lo que en última instancia afecta la estabilidad democrática. En segundo lugar, garantiza que los ciudadanos sepan, con antelación, que los candidatos que ven en las elecciones han pasado un filtro riguroso en cuanto a su habilitación para ocupar el cargo. No se trata de hacer más complejas las reglas del juego, sino de dar claridad. Actualmente, el tiempo para revisar posibles inhabilidades suele ser insuficiente, lo que lleva a que, tras los resultados electorales, muchas veces haya demandas que se prolongan por meses o incluso años. Esto, a mi juicio, distorsiona el mandato ciudadano y desgasta la legitimidad de las instituciones.
El camino no es fácil, pues implica una reforma electoral e incluso judicial que necesita ser discutida y ajustada. Sin embargo, creo que es una propuesta que podría traer estabilidad y previsibilidad al proceso electoral, lo cual beneficiaría tanto a los candidatos como a la ciudadanía en general. La transparencia y la seguridad jurídica en los procesos electorales son pilares fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia. Espero que esta idea pueda generar el debate necesario y llevarnos a una discusión sobre cómo perfeccionar nuestro sistema electoral para que sea más robusto y confiable.
