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Representante Tito Murcia radica proyecto para establecer tarifa diferencial de energía en el Huila

Redacción La Última

Se trata del proyecto 240 de autoría del Representante Jorge Tito Murcia que busca garantizar en el Huila, una tarifa diferencial en el servicio de energia y un mínimo vital para las familias de estrato 1 y 2 del país.

El proyecto de Ley tiene como objetivos principales por un lado, crear la tarifa diferencial en el cobro del Servicio Público Domiciliario de energía eléctrica para aquellos estratos residenciales 1 y 2 de los departamentos que generan energía eléctrica a partir de centrales hidroeléctricas establecidas en su territorio, los cuales se han visto afectados de manera directa en términos económicos, sociales y ambientales por causa del establecimiento de las Centrales Hidroeléctricas y las respectivas Plantas Generadoras de Energía Eléctrica en sus territorios; y por el otro, establecer la garantía del mínimo vital para el servicio público domiciliario de energía eléctrica en los estratos socioeconómicos 1 y 2.

Según el congresista, se necesitan políticas y medidas que promuevan la eficiencia energética, el acceso a tecnologías más limpias y asequibles, y en especial, aquellas dirigidas a ayudar a las personas con bajos ingresos a satisfacer sus necesidades energéticas básicas, estableciendo en consecuencia el mínimo vital en el servicio público domiciliario de energía eléctrica, que estará definido como la garantía de acceso en condiciones de eficiencia y eficacia, a la cantidad mínima de suministro del servicio público requerido para satisfacer las necesidades básicas y asegurar la subsistencia en condiciones de vida digna. Esto implica no solo el acceso factible que tendrá una familia conformada por 4 integrantes, sino también la promoción de prácticas sostenibles de uso de la energía y la protección de los más vulnerables en la sociedad.

  1. CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA:

La construcción y operación de las centrales hidroeléctricas se considera como uno de los principales proyectos que adicional a resultar de alto costo, desencadenan también una serie de impactos tanto positivos como negativos en el entorno y en las comunidades de los Departamentos en los cuales se desarrollan.

En los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca; y Bogotá, D. C., se encuentran ubicadas las plantas de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y son estas hidroeléctricas las que proveen la energía eléctrica que consume todo el país.

La construcción de una hidroeléctrica a menudo implica la inundación de grandes áreas de tierra, la reubicación de comunidades enteras que han vivido en esas áreas durante generaciones, interrupciones económicas al afectar la agricultura, la pesca y otras actividades locales, la alteración de hábitats acuáticos y terrestres, afectación a la fauna y flora, y alteraciones de los flujos de agua, consecuencias que varían y se presentan en menor o mayor proporción dependiendo del territorio y tamaño dónde se ubique el proyecto, tales circunstancias requieren medidas de mitigación y compensación ambiental, las que en ocasiones resultan insuficientes.

Las hidroeléctricas suelen generar ingresos significativos para las empresas y los gobiernos locales a través de la producción de energía, sin embargo, las retribuciones y compensaciones no son proporcionales ni al beneficio que generan ni mucho menos a los impactos ambientales, sociales y económicos que los territorios han tenido que soportar para poder transformar sus cargas en beneficios para el resto del país.

De los proyectos energéticos de Colombia se ha hablado mucho, pero muy pocos tienen un interés real en profundizar en las verdaderas fallas, falencias, cargas y omisiones que estos proyectos representan para los departamentos en los cuales se han desarrollado, y mucho menos se han preocupado por encontrar soluciones que mitiguen los abismales impactos que van desde el aspecto social, pasando por fallas tan graves como no utilizar lo requerido en cuanto a calidad se trata en la infraestructura de las obras con el fin de abaratar los costos, hasta llegar al grave impacto ambiental que significan sus megaobras y que no cesan del todo con el paso de los años.

Muchas de las grandes obras han sido objeto de manifestaciones por parte de los habitantes de las zonas, que se han opuesto a la aprobación de los proyectos debido a los impactos socio-ambientales que estos traen en su implantación, pues no son entonces solo fallas en los diseños, supervisión y construcción que han provocado graves emergencia por colapsos en túneles, asesinatos a líderes de las comunidades, sino también aspectos igualmente graves como las pérdidas y cargas ambientales que supone para la región en la cual se implementan estas tecnologías limpias y que imponen un gran reto para los territorios que desean implementarlas.

Es precisamente por estas razones que, resulta importante establecer la necesidad, que en los departamentos donde existen hidroeléctricas, se establezca una tarifa diferencial para el servicio público domiciliario de energía eléctrica como una manera de abordar estos impactos de manera justa y equitativa.

Adicionalmente, de esta necesidad surge otra de significativa importancia y que consisten en introducir el término del Mínimo Vital en energía eléctrica, entendida como la garantía de acceso en condiciones de eficiencia y eficacia, a la cantidad mínima de suministro del servicio público de energía eléctrica requerido para satisfacer las necesidades básicas y asegurar la subsistencia en condiciones de vida digna.

El objeto será garantizar que todos los ciudadanos colombianos tengan acceso factible y seguro al mínimo vital de energía eléctrica, independientemente de su situación económica y establecer una definición precisa y uniforme del mínimo vital de energía eléctrica que se base en estándares de bienestar y necesidades básicas en el hogar de cada uno de los colombianos.

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