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El Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro ha anunciado medidas significativas que transformarán los programas sociales Familias en Acción y Jóvenes en Acción en Colombia. Estos cambios buscan fortalecer el sistema de protección social, adaptándolo de manera dinámica para atender a los hogares en extrema pobreza, especialmente aquellos con niñas, niños y adolescentes.
A partir del 1.° de enero de 2024, entra en vigor el programa Renta Ciudadana, una iniciativa de transferencias monetarias que se propone beneficiar a 2.7 millones de hogares, equivalente a alrededor de 7 millones de personas. Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), destaca que este nuevo enfoque permitirá robustecer las capacidades de acción y superación de la pobreza de los participantes, considerando el contexto personal y colectivo, así como el curso de vida.
El decreto ley que respalda estos cambios ya ha sido firmado por los ministros del gabinete y solo espera la firma presidencial para su divulgación. Con estos ajustes, los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción evolucionan sin desaparecer. La implementación de Renta Ciudadana representa un paso hacia adelante en la realización de los derechos fundamentales de quienes participan en programas de transferencias, sin menoscabar el nivel de satisfacción de los derechos ya alcanzados.
En términos de metas, el Gobierno aspira a que para el 2025 se logre reducir la pobreza monetaria extrema en 6.6 puntos porcentuales y la pobreza monetaria en 2.4 puntos porcentuales. Estas cifras son ambiciosas pero reflejan el compromiso de la administración con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
A partir de la fecha mencionada, las transferencias monetarias de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, ahora denominado Renta Joven, se incorporan al Sistema de Transferencias. Familias en Acción se transformará en una estrategia de acompañamiento familiar y comunitario, mientras que el objetivo de Jóvenes en Acción será contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esto se logrará mediante transferencias monetarias y la implementación de estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior, así como la consolidación de trayectorias de vida, según lo establece la norma.
