Neiva
El proceso de contratación para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva ha estado en el centro de la atención debido a una serie de irregularidades detectadas en la documentación presentada por la empresa adjudicataria inicial. A raíz de estos hechos, concejales de la ciudad han señalado la responsabilidad de la Oficina de Contratación y sugirieron la posibilidad de presentar una demanda penal para esclarecer la presunta conducta punible que afecta a los estudiantes beneficiarios del programa, un total de 32.000 niños.
Los concejales subrayan que el alcalde debe garantizar la transparencia en todo el proceso y tomar las medidas adecuadas para que los responsables de las irregularidades rindan cuentas. Ante estas acusaciones, el alcalde de Neiva, German Casagua, respondió explicando detalladamente cómo se llevó a cabo el proceso de contratación y cuál es el papel de las entidades involucradas.
Según el alcalde, el cumplimiento de los procedimientos de contratación se realizó de acuerdo con lo establecido en el manual de la Bolsa Mercantil, una entidad nacional encargada de gestionar procesos de licitación pública. Casagua aclaró que la responsabilidad de la evaluación, adjudicación y revisión de las propuestas recayó completamente sobre esta entidad, y no sobre la administración municipal. “Nosotros lo que hicimos fue llevar el plan de alimentación a la Bolsa Mercantil. Ellos fueron los encargados de todo el proceso, y nos informaron sobre la empresa ganadora”, explicó.
Al revisar la documentación de la empresa seleccionada, la Oficina de Contratación detectó posibles irregularidades, como una falsificación de documentos. Inmediatamente, se notificó a la Bolsa Mercantil, que procedió a revisar la situación y constató la validez de la denuncia. Como resultado, el contrato con la empresa fue cancelado.
El proceso ahora continúa con la Bolsa Mercantil, que, al confirmar la falsedad en los documentos, procederá a contactar a la empresa que quedó en segundo lugar en la subasta. Sin embargo, esta empresa tiene una sanción por incumplimiento en los últimos diez años, lo que añade una nueva capa de complejidad al proceso. El alcalde enfatizó que cualquier cuestionamiento relacionado con el proceso de selección debe ser resuelto por la Bolsa Mercantil, que tiene la capacidad legal y operativa para revisar estos casos de manera imparcial.
El alcalde también defendió el uso de la Bolsa Mercantil como un medio para asegurar la transparencia y la eficiencia en la contratación, evitando cualquier sospecha de favoritismo. Resaltó que, a diferencia de lo que algunos críticos han sugerido, no se favoreció a ninguna empresa en particular. Por el contrario, se logró una reducción significativa en el presupuesto inicial de $18.500 millones, gracias a la competencia generada en la subasta. La adjudicación final se realizó por un monto de $16.000 millones, lo que representa un ahorro de $2.500 millones con respecto al presupuesto original.
A pesar de las denuncias y las críticas sobre posibles irregularidades, Casagua reiteró que como alcalde no puede actuar sobre rumores o sospechas sin pruebas contundentes. “Yo no puedo llegar a decirle a una empresa que no puede participar solo porque haya rumores sobre ella”, afirmó, destacando la importancia de la legalidad en todo el proceso.
El mandatario concluyó señalando que la responsabilidad de garantizar la legalidad y la transparencia recae principalmente en la Bolsa Mercantil, y que cualquier acción adicional, como una posible demanda, dependerá de las decisiones de esta entidad y de las autoridades judiciales.
