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Blindados, escoltas y descaro: El costo del abuso de poder en Colombia

Por: Edwin Renier Valencia Rodríguez

Opinión

En Colombia, hay una élite que vive del Estado como si fuera su finca privada. Políticos, exfuncionarios y personajes públicos que creen que tener poder significa rodearse de lujos, escoltas y camionetas blindadas. Pero lo que para ellos es “estatus”, para el país es simplemente un insulto: una muestra de debilidad moral, abuso institucional y negligencia con las verdaderas prioridades de la nación.

En 2024, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tenía más de 5,000 esquemas de seguridad activos, muchos de ellos asignados a políticos sin amenazas reales o exfuncionarios que ya no ejercen ningún rol público. Solo en 2024, el presupuesto de la UNP superó los 2 billones de pesos, mientras que en regiones como La Guajira o el Chocó, cientos de niños siguen muriendo por desnutrición y falta de atención médica. ¿Qué clase de país protege más a sus burócratas que a sus ciudadanos más vulnerables?.

¿Por qué tantos lujos? Porque se sienten inseguros.

Contrario a lo que quieren hacer creer, el uso excesivo de escoltas y camionetas blindadas no es símbolo de poder: es reflejo de miedo. Miedo a la ciudadanía, miedo a caminar las calles que abandonaron, miedo a mirar a los ojos a quienes traicionaron. Es una forma de esconder su desconexión con la realidad nacional.

Y, sin embargo, en Colombia, se ha vuelto costumbre. Un político que no llega con caravana parece débil ante sus colegas; uno que no tiene guardaespaldas no impone respeto. Se ha creado una cultura donde el lujo es el disfraz del incompetente.

Una herencia de la cultura mafiosa
Esta lógica no nació sola. Viene de una historia contaminada por la influencia del narcotráfico. Desde los años 80, cuando capos infiltraron la política, se impuso un modelo donde “verse poderoso” era más importante que “ser útil”. Muchos políticos copiaron esa estética: ropa costosa, carros blindados, seguridad armada, y un séquito que los hiciera sentir invencibles.

Hoy, esa cultura se mantiene con recursos públicos. Se normaliza que un congresista tenga cinco escoltas mientras un líder social en el Cauca suplica protección y no se la dan. Se permite que un exministro ande en Suburban blindada, mientras la gente en el Putumayo se desplaza en canoas para llegar a una cita médica.

Quienes necesitan blindaje porque saben que han fallado. Quienes abusan del presupuesto como si fuera suyo. Esos que usan el cargo como trampolín para vivir del Estado sin rendir cuentas. Esos que aparecen en televisión con discursos populistas, pero viven como reyes a costa del pueblo.

La política no puede seguir siendo un negocio de apariencias. Colombia no necesita más figuras protegidas: necesita más ciudadanos protegidos.

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