Por: Andrés Calderón
Opinión
Como economista, me siento en la obligación de presentar a los lectores de este medio digital una perspectiva distinta a la que se ha planteado ampliamente por parte del gobierno nacional que por estos días parece ser, se ha convertido en dueño de la verdad absoluta y ha querido hacer uso de la tradicional marcha del primero de mayo para promover su reforma, convirtiéndola en un instrumento político que claramente busca, no solo presionar al congreso para que no ponga trabas a esta iniciativa de consulta popular, sino también como estrategia electoral de cara a las elecciones del año 2026. Bien jugado Petro.
Frente a la reforma laboral, creo que lo primero que debo decir es que, tiene razones de peso el gobierno para abogar por la creación de este instrumento que dignifica los trabajadores de Colombia. En noviembre del año pasado fue presentado el texto al congreso con aproximadamente 88 artículos que contemplaba principalmente la reivindicación de derechos que se habían adquirido en el mundo a través de distintas luchas sociales para la dignificación del trabajo, pero que la presidencia del señor Uribe eliminó so pretexto de disminuir el desempleo (ley 789 de 2002), medida que no tuvo los resultados esperados y los trabajadores, por ejemplo, se quedaron sin horas extras que representaban hasta el 35% de su ingreso base; con la jornada laboral diurna hasta las 10 p.m. (absurdo) los trabajadores fueron obligados a trabajar más horas en vez de contratarse nuevo personal. También se eliminó el recargo pagado los festivos.
Pero la reforma laboral del gobierno Petro iba mucho más allá de recuperar lo perdido, contempla medidas muy de corte progresista contra la discriminación, eliminación de contratos que la ministra Clara Inés en ese entonces llamó basura, priorizando la estabilidad vía contratos a término indefinido, ampliación de licencias y adopción de nuevas medidas para protección del trabajo en plataformas digitales, entre otros. Hasta aquí, creo que todo está bien, son una serie de acciones necesarias, que no pudieron ser gracias a que en el senado la comisión séptima rechazó el proyecto ya aprobado por cámara, negando la posibilidad de siquiera sea discutido en plenaria.
El nuevo documento presentado por el gobierno Petro contempla tan solo 12 preguntas, una simplificación de la reforma hundida que, por supuesto, se ajusta a las exigencias de una consulta popular. Las preguntas hacen referencia principalmente a la duración de la jornada laboral, el pago de recargo nocturno y festivo, incentivos vía tasa preferenciales de servicios públicos para las MIPYMES, inclusión de personas con discapacidad al mercado laboral, incapacidad por periodos menstruales para las mujeres, obligatoriedad de contrato laboral para aprendices del SENA, seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, régimen laboral especial para trabajadores del campo, seguridad social para trabajadores informales y construcción de un fondo especial para pago de bono pensional a campesinos.
No obstante, esta medida de acto legislativo no presenta una solución real a los problemas del mercado laboral y con la consulta además quedan fuera las medias para los jóvenes y las mujeres. Este es un país que no genera empleos y la mayoría de ocupados lo son de tipo informal, principales problemas del sistema, entonces, una reforma laboral debe ir de la mano de una serie de estrategias que dinamicen la economía también, lo que quiere decir, ni más ni menos, debe favorecer la creación de empresa y fortalecimiento de lo que existe, porque quienes se van a ver afectadas son las MIPYMES que hoy generan el 80% del empleo en el país, los pequeños empresarios, sencillos emprendimientos, muchos de corte familiar para los que es imposible la formalización de 1 o 10 empleados. Colombia no puede pretender tener las fortalezas de la legislación laboral de un país desarrollado con una economía de país subdesarrollado, baja productividad laboral, bajo desarrollo tecnológico y científico, inseguridad en todo el territorio nacional que no permite, por ejemplo, desarrollar actividades con amplias ventajas comparativas como el turismo. Frente a los pequeños empresarios, la reforma solo contempla tasas preferenciales en servicios públicos, no más, y eso no constituye los mayores costos de funcionamiento de un negocio.
Si a este congreso de verdad le importara el país y no estuviera jugando simplemente a hacer oposición a Petro, seguramente este tipo de observaciones tendrían discusiones con oportunidades en los actos legislativos de reforma, se estaría hablando de cambios estructurales que de verdad beneficiaran la economía y no estaríamos abocados a tener que entrar en esta disputa que se han planteado estos dos grandes poderes, en el que el ciudadano se convierte en un instrumento más del pulso político que resta cada vez más posibilidades de conciliar nuestra sociedad.
El primero de mayo es de los y las trabajadores, no del congreso ni de Petro, y quienes marchan no deben ser catalogados ni de derecha ni de izquierda, porque son ciudadanos en estado de exigencia de derechos. Mientras tanto, el proyecto de ley que rechazó la comisión séptima está en apelación y podría tener posibilidades de nueva revisión. También cursa trámite la propuesta simplista que presentó el partido liberal y la consulta sigue su trámite, tres opciones en medio de un candente debate.
