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La espada de Bolívar no es un juguete político

Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina

Opinión

El pasado 1 de enero de 2025, en medio de una manifestación convocada con tintes populistas, el presidente Gustavo Petro volvió a empuñar la espada de Bolívar. No era la primera vez, ya lo había hecho durante su posesión presidencial, ignorando los protocolos y las instituciones, en un acto simbólico que se parecía más a un ritual del odio que a un gesto de unidad nacional. Esta vez, en pleno discurso ante miles de simpatizantes, volvió a convertir el arma histórica del Libertador en una herramienta política, un símbolo vaciado de contexto y cargado de oportunismo.

Lo que Petro intenta es claro, apropiarse del mito de Bolívar para fortalecer su narrativa de “revolución popular” y justificar una consulta ciudadana cuya finalidad real es imponer su voluntad sobre las instituciones democráticas. Como en los peores tiempos del chavismo, la historia es manipulada para alimentar un relato donde el líder encarna al pueblo y todo aquel que disienta es enemigo del progreso.

La historia nos ha enseñado que los líderes que pretenden gobernar con símbolos y emociones, apelando a un pasado romantizado y manipulado, terminan erosionando las instituciones democráticas. Petro, con su retórica inflamatoria y sentimentalista, impulsa una consulta popular que pretende imponer por vía emocional lo que no puede lograr por la vía del consenso ni del rigor técnico. Se victimiza, acusa al Congreso, al “establecimiento”, a la justicia, pero jamás se hace responsable de sus fracasos. La consulta popular es presentada como un acto de “democracia directa”, cuando en realidad es un chantaje populista sustentado en verdades a medias, manipulación discursiva y una narrativa que pinta un país que no existe.

Pero mientras Petro agita la espada de Bolívar, en las calles de Colombia se libra otra batalla, la de los uniformados caídos, los policías y soldados asesinados por grupos criminales, mientras el gobierno guarda un silencio cómplice y aterrador. En menos de dos semanas, 30 miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados en ataques planificados bajo el llamado “Plan Pistola”. Esta cifra recuerda la oscura época de los “Extraditables”, cuando los carteles de la droga cazaban policías en plena luz del día como parte de una guerra contra el Estado. Hoy, los actores son otros, pero el resultado es el mismo, sangre derramada, impunidad y un Estado paralizado.

Petro prometió una “Paz Total” que, más allá de la propaganda, ha resultado ser una rendición unilateral. El gobierno negocia con criminales sin exigir condiciones claras, sin imponer consecuencias, y lo más grave, sin proteger a quienes arriesgan su vida por la seguridad de los colombianos. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Por qué no hay ofensivas militares serias? ¿Por qué se negocia con quienes siguen asesinando a nuestra fuerza publica? Es inaceptable que se pretenda construir paz cediendo al chantaje armado mientras se abandonan los territorios y se deja sola a la Fuerza Pública.

La realidad es clara, el gobierno Petro vive en una burbuja ideológica, ajena al dolor de los ciudadanos, sorda ante el clamor de justicia y ciega frente al poder real de los grupos ilegales. Su inacción no es inocente; es peligrosa. Y la historia juzgará con dureza a quien tuvo la responsabilidad de liderar y prefirió esconderse detrás de un discurso poético y una espada oxidada.
Colombia no necesita un libertador de cartón ni un profeta bolivariano. Necesita un presidente con carácter, dispuesto a enfrentar el crimen con decisión y a gobernar con responsabilidad, no con símbolos prestados.

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