Por: Andrés Calderón
Opinión
Los procesos electorales en Colombia se circunscriben por los electores casi que, en su totalidad a la elección de alcaldes, gobernadores y presidente, tesis que puede probarse fácilmente revisando los resultados electorales y haciendo una comparación entre ellos, donde se evidenciará históricamente han sido las elecciones del ejecutivo las más votadas. Al ciudadano le importa más votar por alcalde que por concejales y son mayores los votos también a gobernación que a asamblea. Así mismo podemos evidenciar una importante diferencia entre los votos a presidencia y los de senado, tal y como lo muestra por ejemplo el último proceso electoral (2022) en donde los votos totales a presidencia en primera vuelta fueron 21.279.308 (54,56% del potencial electoral) mientras los votos para senado, por ejemplo, fueron cerca de 17 millones (46% del potencial electoral).
Esta interpretación del grado de participación en una u otra elección representando en términos generales dos de los tres grandes poderes que se eligen mediante voto popular, dan lugar a interpretaciones como la de incentivos a la hora de votar, ligados por supuesto a escenarios de poder, pues en nuestro sistema de gobierno, que lo es en forma de república y a partir del rediseño institucional del 91 por la Constitución política, ha habido una excesiva concentración de poder, además también del ya intrínseco en su concepción que dista bastante del modelo parlamentario predominante en Europa. El poder que, como definición, “da la capacidad de hacer” arropa los escenarios de gobierno o cargos uninominales y no los corporativos, cuyo accionar se ve limitado por sus responsabilidades legales y constitucionales que cohíbe de la administración y ejecución del erario.
Por ejemplo, el gobernante puede en buena medida afectar la burocracia a través del concurso de meritocracias que pueden ser ejecutados a discreción de este, permitiendo el asentamiento de una importante cantidad de personal en los que formalmente se llama provisionalidad y que por supuesto excluye el mérito. Pero bajo la figura de contratos de prestación de servicio se puede actuar incluso con mayor facilidad, un modelo de contratación por actividades, a tiempos cortos y sin ningún tipo de prestación social, bajo el que está la mayoría del empleo público en el país y con lo que se manipula al contratista bajo lo que se llama el constreñimiento electoral.
Es así como a través de estas prácticas sucias del poder se entrelazan la política y el gobierno, bajo una serie de circunstancias perversas gracias al mal diseño institucional del país, los vacíos legales y la corrupción, para que el ejercicio de gobernar se convierta en una de las categorías impuras definidas por Aristóteles, la oligarquía, disfrazada claro, de democracia, que lo es en este país de forma representativa e ilegítima, pues el voto no es libre por ignorancia en importante grado del elector, por pobreza extrema que tienta a ser vendido y por adoctrinamiento a través de elementos inmersos en la cultura que describió Gramsci.
Las soluciones no son fáciles: liberar al elector del poder coercitivo del gobernante, de las mega estructuras electorales que en ausencia de principios se apartan de sus orígenes ideológicos y funcionan como fábricas de avales. En este sentido, el camino son las reformas de fondo, de todo el aparato legal, pero también de nuestra constitución en una pequeña parte, un camino que implica entregar la decisión directa al pueblo que puede ser igualmente compleja. Vivimos en este momento, acciones en este sentido, una propuesta de consulta popular, que además de tener obstáculos en el seno de los aparatos partidistas y el mismo congreso, se enfrente al escenario de polarización política del país, el descrédito de las instituciones y, el poco entendimiento del proceso e impacto de este tipo de instrumentos. Entre los antecedentes, tal vez los más recordados, son el plebiscito del 57, que entregó el derecho a voto a las mujeres, y el referendo propuesto por Uribe en el año 2003, en el que solo pasó el umbral una de las quince preguntas.
