Por: Edwin Renier Valencia Rodríguez
Opinión
Si el Gobierno no escucha a los empresarios, que al menos escuche a la lógica. Y si tampoco a ella, que el clamor ciudadano le recuerde que gobernar no es solo recaudar: es también dar ejemplo. Si de verdad se quiere salvar la economía, la austeridad debe empezar por el Estado. No se puede seguir pidiendo sacrificios a quienes ya sostienen el país sobre los hombros, mientras se protege el gasto político, ineficiente y muchas veces innecesario.
Con el Decreto 0572 de 2025, el Gobierno ha decidido anticipar el cobro del impuesto de renta a través de un aumento en la retención en la fuente. Esta medida, presentada como una solución para el déficit fiscal, ha sido interpretada por muchos gremios y expertos como un salvavidas temporal que puede terminar hundiendo a quienes mantienen vivo el aparato productivo del país.
En resumen, obliga a empresas de múltiples sectores —entre ellos construcción, agroindustria, comercio y hasta educación— a pagar desde ya parte de los impuestos que corresponderían a 2026. Se camufla bajo la figura de “anticipo de renta”, pero en la práctica es un golpe directo al flujo de caja de miles de empresas que apenas sobreviven entre costos, inflación, trabas burocráticas y una economía que no despega.
Se ha dicho que el ajuste fiscal es necesario, y puede que lo sea. Pero lo que molesta, lo que exaspera, es que siempre se elija el camino fácil: meterle la mano al bolsillo del productor, del empleador, del que genera valor real. Mientras tanto, los gastos superfluos del Estado siguen intactos, inamovibles, casi sagrados.
¿Dónde está el ajuste del Estado?
¿Dónde están los recortes al gasto burocrático? ¿Dónde está la racionalización del uso de escoltas, camionetas blindadas, viajes oficiales, contratos innecesarios y nóminas paralelas? ¿Por qué no se empieza por ahí, por el elefante blanco que consume los impuestos sin producir nada? Ver artículo anterior en el.siguiente enlace:
Hoy, cualquier colombiano que emprende tiene más probabilidades de enfrentar una sanción de la DIAN que de recibir apoyo del Gobierno. Pero eso sí: las camionetas de la UNP siguen rodando y el clientelismo político sigue bien financiado.
Es inevitable preguntarse: ¿Qué está pensando el presidente Gustavo Petro? ¿Quién le aconseja que atacar a la columna vertebral de la economía —micro, pequeñas y medianas empresas— es una decisión sensata?
¿Y los sectores más afectados?
El decreto no es selectivo. Golpea desde las grandes extractivas hasta las microempresas de servicios. El sector agropecuario, que ya lucha con condiciones climáticas adversas y falta de apoyo técnico, verá cómo sus márgenes se reducen aún más. En la construcción, el encarecimiento de materiales ya venía siendo un lastre, y ahora deberán adelantar tributos con facturas por cobrar.
Para el ciudadano común, esto no es una noticia menor. Estos sectores generan empleo. Si los empresarios reducen personal, si se frenan los proyectos, si los costos aumentan… los efectos llegarán a todos.
El mensaje equivocado
Con decisiones como esta, el Gobierno manda un mensaje claro: producir no es prioridad. lo es recaudar, a cualquier costo. Aunque ese costo sea desincentivar la inversión, disparar la evasión o empujar a la informalidad.
Y es ahí donde muchos sienten y dicen que “ganaron las Toyotas”. Porque mientras los sectores reales se aprietan el cinturón, los símbolos del poder siguen circulando con aire acondicionado, vidrios polarizados y gasolina paga por todos. ¿O no? ¿Y usted qué opina? #uncaféconvalencia
