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El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la decisión sobre la viabilidad de la consulta del 7 de agosto debe quedar en manos de los jueces, ante las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Ante la solicitud del Gobierno nacional de convocar una consulta popular el próximo 7 de agosto, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, declaró que será competencia de las altas cortes decidir si el proceso continúa o no. La postura fue anunciada en medio de la controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo frente a la viabilidad de dicha convocatoria.
“La Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, manifestó Penagos durante una intervención oficial. En ese sentido, explicó que la entidad actuará conforme a la Constitución y las leyes, remitiendo la solicitud de pronunciamiento a diferentes instancias del Estado. Entre las acciones concretas mencionadas se encuentra la solicitud de concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como el envío del caso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación. Además, se pedirá a las altas cortes que se pronuncien de manera oportuna frente a las demandas interpuestas.
El registrador reiteró que la discusión no se limita a una convocatoria electoral, sino que involucra principios institucionales, el equilibrio de poderes y el respeto a la democracia. “Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, afirmó.
Penagos también se refirió a los requerimientos técnicos y presupuestales que implica una consulta popular. Según dijo, si las cortes autorizan su realización, la Registraduría deberá construir un presupuesto que ronda los 750.000 millones de pesos. Indicó que esta inversión no puede ser comprometida sin certeza jurídica sobre la procedencia del proceso. “Es una inversión muy alta, y en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo”, explicó.
Además, el registrador advirtió que los tiempos actuales no permiten cumplir con los procesos logísticos requeridos para una convocatoria de esta magnitud. Con apenas 53 días hasta la fecha planteada, aseguró que materialmente no es posible organizar el proceso. “Mínimo, la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como lo determina la Constitución y la ley, para sacar adelante una consulta de este nivel de manera íntegra e impecable”, precisó.
Finalmente, Hernán Penagos expresó su preocupación por los riesgos de una decisión apresurada, entre ellos el posible detrimento patrimonial, la ruptura del orden institucional y la inseguridad jurídica derivada del enfrentamiento entre ramas del poder público. “Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país”.
