Por : Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
En la carta magna, nuestro Estado colombiano se auto determina como un Estado social y de Derecho, por consecuencia, la justicia debe ser imparcial y rigurosa. A pesar de este precepto constitucional, La Procuraduría General de la Nación en el caso del acusado Álvaro Uribe Vélez y su aboganster Diego Cadena, deja ver como nuestras instituciones, lejos de operar con autonomía, en muchas oportunidades terminan subordinadas a intereses políticos que distorsionan los principios básicos del derecho penal. Este caso no es un simple hecho de interpretación de dualidad jurídica, estamos de cara a una actuación que raya con la complicidad institucional.
La procuraduría solicitó la absolución del investigado Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero contradictoriamente y de forma paralela e incluso con vehemencia, ha pedido condena para el aboganster Diego Cadena por los mismos hechos. Esto no solo tiene un vacío lógico desde el sentido común, sino que se torna insostenible jurídicamente.
En el juicio televisado vía internet, se demostró que el abogado Cadena contactó, a nombre de Uribe Vélez, a varios testigos privados de la libertad (como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez) para que cambiaran sus versiones y declararan a favor del expresidente. A cambio, se les ofrecieron beneficios jurídicos y económicos. Estas actuaciones quedaron registradas en grabaciones, declaraciones juradas y documentos que hacen parte del acervo probatorio. La pregunta clave es, ¿para quién actuaba Cadena y con qué propósito?
Es absurdo suponer que el aboganster pretendía obtener favores para sí mismo. Su interés era político y profesional, sí, pero actuaba en representación y a nombre de su cliente, con el objetivo de construir declaraciones falsas que desmontaran las investigaciones sobre los vínculos del acusado Uribe con estructuras paramilitares. Una verdad que a gritos se conoce y pocos dudan en Colombia y el mundo. Jurídicamente es claro que se trata de una actuación en contubernio entre cliente y abogado. El derecho penal colombiano reconoce la figura de autoría mediata, coautoría e incluso determinación, por lo cual quien instiga, promueve o se beneficia de un delito, también debe ser investigado y sancionado.
Cuando la Procuraduría pide la absolución de Uribe y la condena de Cadena, rompe con un principio elemental del derecho penal que se define como “la unidad del hecho jurídico”. La Procuraduría pretende desmembrar un único entramado delictivo en dos historias desconectadas, lo que no resiste el más mínimo análisis técnico.
En lugar de actuar como parte procesal imparcial, la Procuraduría se ha comportado como una defensa alternativa del expresidente. Ha minimizado la gravedad de las pruebas contra Uribe, ha buscado relativizar la relación entre abogado y cliente, e incluso ha asumido una tesis para liberar de culpa o responsabilidad al acusado Uribe, que ni siquiera la defensa privada se atrevió a sustentar con tanta ligereza. No en vano el procurador delegado para el caso Uribe, Bladimir Cuadro, fue nombrado por la exprocuradora general Margarita Cabello. Esto suena sospechoso.
Además, no es la primera vez que la Procuraduría actúa de este modo. En múltiples casos relacionados con altos funcionarios del Uribismo, este ente de control ha intervenido no para proteger el interés general o la legalidad, sino para torpedear procesos judiciales, dilatar decisiones o reinterpretar los hechos de manera tendenciosa. En el caso de Uribe, su papel ha sido vergonzosamente protagónico en el blindaje institucional tratando de impedir que el expresidente compareciera ante la justicia como cualquier ciudadano.
Lo que está en juego no es solo la culminación de un proceso penal emblemático. Es la credibilidad del sistema de justicia colombiano. Si Cadena es condenado por ofrecer sobornos y falsificar testimonios, es evidente que quien tuvo que haber ordenado o aprobado esas gestiones, o al menos conocer su finalidad fue el investigado y acusado expresidiario Uribe.
Pretender que Cadena actuó como un “lobo solitario” y que Uribe fue un espectador ingenuo es una tesis infantil y jurídicamente absurda. A pesar de la Procuraduría, quien tiene el veredicto final tanto para el aboganster como para el Matarife, es la Fiscalía… se avecina la primera condena para un expresidente pues tiene más reversa un avión aterrizando.
