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Durante el segundo trimestre de 2025, el departamento del Huila se consolidó como uno de los territorios más afectados por la violencia contra excombatientes de las antiguas FARC-EP que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016. Así lo reveló el más reciente informe de las Naciones Unidas, que será presentado ante el Consejo de Seguridad este 18 de julio en Nueva York. Entre el 27 de marzo y el 26 de junio, se reportaron 29 asesinatos de firmantes de paz en Colombia, la mayoría concentrados en tres departamentos: Antioquia, Cauca y Huila. Con estos casos, la cifra total de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo asciende a 470.
El informe advierte que las condiciones de seguridad siguen siendo especialmente críticas en regiones donde confluyen factores como la presencia de economías ilegales, actores armados y baja capacidad institucional, como ocurre en algunas zonas rurales del Huila. Esta situación pone en riesgo no solo a los firmantes del Acuerdo, sino también a líderes sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes continúan siendo blanco de amenazas, desplazamientos y homicidios. A nivel nacional, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos registró 34 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos y 13 masacres en el mismo periodo, reflejando una persistente vulnerabilidad en distintas zonas del país.
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que cesen toda forma de violencia contra la población civil y exhortó al Estado colombiano a fortalecer su presencia en los territorios, mejorar los esquemas de protección y atacar las causas estructurales del conflicto. El Secretario General también destacó que el actual gobierno entra en su recta final y que este período debe aprovecharse para acelerar la implementación de los compromisos del Acuerdo, en particular aquellos que tienen impacto a largo plazo, como la reforma rural integral y la garantía de seguridad para los excombatientes.
En materia de reincorporación, el informe de la Misión de Verificación de la ONU señala que el 95% de los 11.166 excombatientes activos concluyeron sus planes individuales, y cerca del 30% de estos planes incluyen formación política, lo que refleja el interés de los firmantes en participar activamente en la vida democrática del país. Además, se instaló formalmente el Sistema Nacional de Reincorporación, encargado de coordinar los esfuerzos de más de 30 entidades estatales. No obstante, la violencia sigue siendo el principal obstáculo para que estas iniciativas se desarrollen con normalidad, particularmente en departamentos como Huila, donde la reincorporación avanza a la par con amenazas y asesinatos.
El documento también aborda el estado de la reforma rural, uno de los pilares del Acuerdo. Entre abril y junio se adjudicaron 40.000 hectáreas de tierra, alcanzando apenas un 7% del objetivo pactado de tres millones de hectáreas. En contraste, el proceso de formalización de tierras muestra un avance más significativo, con 86.000 hectáreas formalizadas en el periodo, lo que representa el 47% de la meta establecida. Sin embargo, el ritmo de implementación se ha visto afectado por restricciones presupuestales y riesgos de seguridad para los funcionarios en terreno.
Otro punto relevante es la situación del desplazamiento forzado. En lo corrido del año, hasta el 19 de junio, se contabilizaron 67.800 víctimas de desplazamientos masivos y 98.700 personas en situación de confinamiento, lo que representa un aumento del 107% y del 5% respectivamente frente al mismo periodo del año anterior. Estas cifras reflejan el deterioro de las condiciones humanitarias en varias regiones del país, algunas de las cuales, como el sur del Huila, han registrado desplazamientos por presencia de actores armados y conflictos por el control territorial.
Finalmente, el informe reconoce avances en la implementación del Capítulo Étnico y en la reglamentación de la participación de comunidades indígenas, así como en la instalación de mecanismos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). António Guterres subrayó la importancia de convertir las sanciones propias que emita la JEP en acciones restaurativas que contribuyan a la reparación de las víctimas y a la reconciliación nacional. Asimismo, recalcó que el apoyo de la comunidad internacional y la presencia de la Misión de Verificación en los territorios siguen siendo fundamentales para fortalecer la confianza entre los antiguos adversarios y avanzar en la consolidación de la paz.
