ECONÓMICAS
Una nueva modalidad de pago mensual podrá ser pactada entre trabajadores y empleadores, sin alterar el valor total del beneficio.
Con la aprobación de la Ley 2466 de 2025, la reforma laboral en Colombia introdujo una serie de transformaciones en el régimen de contratación, jornada laboral y recargos. Entre los ajustes también se incluyó un cambio poco visible pero significativo: la posibilidad de modificar el esquema de pago de los intereses sobre las cesantías.
Tradicionalmente, los empleadores debían consignar los intereses de cesantías en un solo pago anual, a más tardar el 31 de enero. Estos intereses equivalen al 12 % del saldo de cesantías acumulado por cada trabajador, o proporcional al tiempo laborado durante el año.
Con la reforma, se abre la opción para que el empleador y el trabajador acuerden por escrito una modalidad de pago mensual. Según el nuevo parágrafo 2 del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, se permite entregar mensualmente el 1 % del salario base de liquidación (incluido el auxilio de transporte, si aplica), en concepto de intereses sobre las cesantías.
Este mecanismo no altera el monto final del beneficio anual, pero cambia su periodicidad. En lugar de recibir una suma global al inicio del año siguiente, el trabajador podría recibir una porción mensual, sumada a su salario ordinario.
El objetivo de esta medida es brindar mayor liquidez al trabajador durante el año y, a su vez, distribuir la carga para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que enfrentan limitaciones de flujo de caja.
Adicionalmente, la ley mantiene las condiciones actuales para el retiro de cesantías en casos como adquisición o mejora de vivienda, pago de estudios o terminación del contrato. Sin embargo, se ordena la agilización de los procesos administrativos para estos retiros. Esto implicará, entre otras acciones, la modernización de plataformas tecnológicas de los fondos de cesantías y la habilitación de trámites digitales para solicitudes y validación de documentos.
La implementación de esta reforma supondrá ajustes operativos tanto para empleadores como para fondos administradores, con el objetivo de facilitar el acceso a un recurso concebido como respaldo en situaciones de desempleo o inversión social.
