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Pese a múltiples alertas, cifras alarmantes y una situación de seguridad que continúa deteriorándose, el Gobierno Nacional aún no ha adoptado medidas eficaces frente a la grave crisis que vive el departamento del Huila. Así lo advirtió el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera en una carta con fecha del 18 de marzo del presente año, enviada al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en la que expone con detalle el avance de las estructuras armadas ilegales en la región, el debilitamiento de la presencia estatal y los riesgos que enfrenta la población civil.
“El EMC , Estado Mayor Central, ha consolidado su control territorial en varias zonas del Huila”, señala el mandatario en el documento, al tiempo que advierte que la fuerza pública desplegada actualmente “no es suficiente para enfrentar las dimensiones del conflicto ni garantizar la seguridad de la ciudadanía”. La comunicación detalla la presencia activa de disidencias de las FARC en al menos 35 municipios, la reconfiguración de rutas estratégicas del narcotráfico y el crecimiento sostenido de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, masacres, reclutamiento forzado de menores y atentados con explosivos.
En la carta, el gobernador solicita formalmente el incremento del pie de fuerza en el departamento, con prioridad en las zonas rurales y los corredores más vulnerables. Asegura que el control de los grupos armados ilegales se ha extendido mediante una estrategia de sometimiento comunitario, instrumentalizando a las Juntas de Acción Comunal, imponiendo normas de comportamiento, restringiendo la movilidad y amenazando a líderes sociales.
La radiografía presentada por la Gobernación no solo muestra la expansión territorial de los grupos armados, sino también el desgaste institucional frente a una situación que, según señala, ha sido advertida en reiteradas ocasiones. El documento recuerda que desde 2024 la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas advirtiendo el crecimiento de estructuras criminales, los enfrentamientos entre disidencias y el incremento de hechos victimizantes en los municipios de mayor riesgo.
Mientras tanto, los indicadores de violencia muestran un deterioro sostenido. En 2022 se registraron 279 homicidios en el Huila. Un año después, la cifra subió a 367 y en 2024 alcanzó los 387, el número más alto en la última década. El fenómeno también afecta directamente a la fuerza pública. Solo en 2024 fueron asesinados seis uniformados, entre soldados y policías, y otros veinte resultaron heridos. En lo que va de 2025, ya se han registrado dos asesinatos más de soldados en cumplimiento de sus funciones.
En cuanto a extorsiones, el incremento también ha sido progresivo. En 2022 se reportaron 180 casos. Para 2023 la cifra alcanzó los 275 y en 2024 se denunciaron 338 extorsiones, sin contar el subregistro derivado del temor, la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad. En paralelo, se registraron 44 atentados con artefactos explosivos en distintas zonas del departamento, 24 de ellos en la ciudad de Neiva, afectando especialmente a establecimientos comerciales y entidades financieras.
El fenómeno del reclutamiento forzado también preocupa a las autoridades regionales. Entre 2022 y 2024, la ONU documentó 46 casos de violaciones graves a los derechos de la niñez, entre ellas, reclutamiento forzado, desplazamiento por riesgo de reclutamiento, ocupación de escuelas y asesinatos de menores. Solo en 2024 se reportaron 31 casos, la mayoría en niños y adolescentes entre los 11 y los 17 años. En lo corrido de 2025, ya se han documentado al menos nueve nuevos casos.
En el plano humanitario, la situación también afecta a firmantes del Acuerdo de Paz. Desde 2023, nueve excombatientes en proceso de reincorporación han sido asesinados en el departamento. Además, la Misión de Verificación de la ONU ha identificado más de 130 casos de riesgo, incluidos atentados, amenazas, desplazamientos y persecuciones. El municipio de La Plata, según el informe anual de Naciones Unidas, es uno de los territorios con mayor impacto de violencia, incluso por encima de zonas históricamente conflictivas como Algeciras.
Las masacres también han aumentado. En 2024 se registraron cuatro casos, con un total de 14 víctimas fatales. La tendencia refleja un agravamiento del conflicto armado y una disputa entre estructuras criminales por el control de rutas y territorios. Esta confrontación se ha traducido en restricciones de movilidad, confinamientos forzados, control sobre bienes esenciales y normas impuestas a la población por actores ilegales.
En la comunicación enviada al Ministerio de Defensa, el gobernador Villalba insiste en la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional. Señala que la actual capacidad institucional no basta para contener la expansión de las estructuras ilegales, y que las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo en sus alertas aún no han sido atendidas con la celeridad y contundencia requeridas.
Entre los hechos más recientes, se incluyen incursiones armadas en municipios como Nátaga, Tesalia, Garzón y Teruel, enfrentamientos en zonas rurales, ataques a patrullas de la Policía, asesinatos selectivos y el hallazgo de panfletos intimidatorios en áreas urbanas. A esto se suman ataques dirigidos contra viviendas presuntamente vinculadas al microtráfico y acciones bélicas que involucran armamento de alto calibre.
La Gobernación del Huila ha solicitado al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad con el despliegue de unidades tácticas especializadas, la reubicación de pelotones móviles, el aumento del personal de inteligencia, la creación de un grupo urbano de intervención rápida y la actualización de la estructura organizativa de la Policía en el departamento. También ha pedido mayor presencia institucional en la Ruta 45 y en corredores estratégicos que conectan al Huila con el resto del suroccidente colombiano.
“La violencia sigue arrebatando vidas, afectando el desarrollo regional y generando zozobra en nuestras comunidades”, señala la carta. “Solo con una acción decidida y coordinada podrá recuperarse la tranquilidad y garantizarse la protección de la población civil”.
Hasta ahora, no se ha conocido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Defensa. Mientras tanto, los hechos victimizantes continúan, el temor se expande en las zonas rurales y urbanas, y la ciudadanía sigue a la espera de una intervención estatal que detenga el deterioro de la seguridad en el Huila.
