Por: Carlos Ernesto Álavrez Ospina
Opinión
La justicia no solo debe ser imparcial, debe parecerlo. Y para que eso ocurra, quienes la imparten deben revestirse no solo del conocimiento técnico de la ley, sino de una conducta ética irreprochable, aún más elevada que la que se exige a cualquier ciudadano. Cuando un juez habla, no lo hace como individuo sino como institución; cada palabra suya puede inclinar la balanza o erosionar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Por eso preocupa profundamente el comentario hecho por la jueza Sandra Heredia en medio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al afirmar que sus hijos “no tuvieron la gallardía de venir a acompañarlo”. Un juicio de valor innecesario, impertinente y, sobre todo, profundamente impropio para el escenario en el que fue pronunciado. Porque la función de un juez no es evaluar la calidad moral de los familiares de los procesados, ni mucho menos censurar su presencia o ausencia. Su deber es juzgar con base en pruebas, dentro del marco legal, y con absoluto respeto por la dignidad humana de todas las partes.
No se trata aquí de defender o atacar al expresidente Uribe ni a sus hijos. Se trata de algo mucho más importante: la defensa de la majestad de la justicia. Una justicia que pierde altura cuando quienes la representan olvidan que su rol está regido por los principios de imparcialidad, objetividad y prudencia. Porque cuando un juez emite juicios personales en medio de un proceso judicial, no solo afecta la credibilidad del caso en particular, sino la imagen de toda la justicia colombiana.
Los jueces, como cualquier otro ser humano, tienen emociones, opiniones políticas y personales. Pero el ejercicio de su cargo exige un esfuerzo consciente y permanente por separarlas de su función pública. La toga no es un escudo de superioridad moral, pero sí un recordatorio constante de la responsabilidad ética que cargan sobre sus hombros.
El episodio con la jueza Heredia debe llevarnos a una reflexión urgente sobre el papel de quienes administran justicia: ¿cómo exigimos imparcialidad si no somos capaces de asegurar una conducta profesional básica? ¿Cómo pedimos respeto a la justicia si sus propios representantes la desdibujan con ligerezas verbales y posturas innecesarias?
La crítica no es contra una persona, es contra un comportamiento que no puede repetirse. No se puede tolerar que la justicia se contamine de comentarios que rayan con el prejuicio, el resentimiento o la ligereza. Colombia necesita jueces que hablen con sentencias, no con opiniones. Que administren justicia, no que den lecciones morales fuera de contexto.
Porque al final, el prestigio de la justicia no se mide en títulos ni en investiduras, sino en la seriedad, sobriedad y respeto con que se ejerce. Y eso empieza por entender que el silencio oportuno es, muchas veces, el mayor acto de sabiduría y dignidad que puede tener un juez.
