Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
La pérdida de credibilidad y confianza de la sociedad en instituciones como las elecciones por voto popular, se profundiza cuando los encargados de garantizar el equilibrio y la transparencia electoral, están comprometidos en escándalos judiciales de alta gravedad. El caso más neurálgico es el que tiene el “Magistrado” del CNE, Álvaro Hernán Prada, cuyo nombre esta directamente comprometido en el proceso judicial que condenó en primera instancia a 12 años de prisión al expresidente Uribe Vélez, por soborno y fraude procesal. La democracia exige no solo procedimientos limpios, sino también personas limpias para llevarlos a cabo.
Aunque Prada no ha sido condenado, la Corte Suprema de Justicia lo vinculó formalmente a los hechos en los que se intentó manipular testigos para desvirtuar testimonios que señalaban al expresidente Uribe de tener nexos con grupos paramilitares. Según la Sala de Instrucción, existen elementos que comprometen a Prada en la intermediación con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, a través de un tercero. No es un tema menor, se trata de una actuación que afecta la esencia misma de la justicia, por lo tanto, también la legitimidad del Estado.
El 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sin precedentes: compulsó copias y abrió investigación formal contra Prada al encontrar “elementos de prueba que indican que el entonces representante a la Cámara habría actuado como intermediario entre Álvaro Uribe Vélez y el exparamilitar Carlos Enrique Vélez para influenciar su testimonio”. En palabras del auto de la Corte: “Prada Artunduaga se habría comunicado con el señor Vélez Ramírez por interpuesta persona (el señor Juan José Salazar), a fin de que este declarara en favor del senador Uribe Vélez y se retractara de las declaraciones que lo incriminaban” (Auto 2020-00835, Radicado 52240).
La Corte considera que hubo una acción sistemática para “obstaculizar la justicia” mediante un intento de construcción de una narrativa favorable al expresidente. El rol de Prada, según el expediente, fue activo. No solo aceptó que Salazar, exasesor suyo, contactara a Vélez, sino que luego buscó acreditar la versión resultante como legítima, presionando incluso a través de cartas oficiales: “No se trató de una actuación espontánea y desinteresada. Prada utilizó su investidura como congresista para legitimar la intermediación de Salazar y darle apariencia de legalidad al contacto con testigos privados de la libertad” (Auto citado).
Ese comportamiento es incompatible con la misión de un magistrado del CNE, un órgano que tiene entre sus funciones principales la vigilancia de la transparencia y legalidad del ejercicio electoral. ¿Cómo puede un ciudadano confiar en la imparcialidad del CEN si uno de sus magistrados está seriamente comprometido en un escándalo de manipulación judicial?
Prada no ha sido condenado y como todo ciudadano, goza del derecho a la presunción de inocencia, pero ese principio no implica que deba mantenerse en cargos públicos que exigen, más allá de lo legal, una legitimidad moral y política que él ya no ostenta. El propio estándar de la función pública, consagrado en la Constitución, exige actuar con “rectitud, eficacia e imparcialidad”.
Renunciar no sería un acto de rendición, menos de aceptación de cargos, sino un acto mínimo de responsabilidad institucional y de altura ética. El país no puede permitir que las entidades encargadas de proteger la democracia estén ocupadas por personas que deben comparecer ante los jueces por atentados contra la justicia misma.
Si Álvaro Hernán Prada tiene algún respeto por la democracia, debe apartarse del cargo. Su permanencia en el CNE es una afrenta a la transparencia electoral y una burla a los principios del Estado de Derecho.
