Por: Ana Maria Rincón Herrera
Opinión
El Huila vive un momento complejo: bloqueos, marchas campesinas, reclamos estudiantiles y conflictos ambientales se han convertido en el pan de cada día. No se trata de caprichos sociales ni de simple inconformidad; son expresiones de un malestar profundo que, lejos de ser atendido con prontitud, ha sido reiteradamente ignorado por los gobiernos de turno.
El Estado aparece solo cuando estallan las protestas, con mesas de diálogo improvisadas y promesas que, una y otra vez, terminan incumplidas. Ese abandono ha sembrado desconfianza y alimentado la idea de que solo a través de la presión en las calles se consiguen respuestas. El resultado: un círculo vicioso de frustración y conflictividad.
El campesino que no encuentra apoyo para enfrentar los altos costos de producción, el joven que no accede a educación ni empleo, o la comunidad que rechaza un proyecto extractivo porque no se siente escuchada, son ejemplos de problemas estructurales que no pueden seguir aplazándose. Lo que hay detrás de cada protesta no es desorden, sino la exigencia de derechos básicos.
El Gobierno departamental y nacional debe dejar de ver la protesta como una amenaza y asumirla como una oportunidad de cambio. Las soluciones están sobre la mesa: subsidios reales al agro, inversión en educación y empleo juvenil, consultas previas transparentes en proyectos extractivos, presencia estatal integral en el campo y, sobre todo, cumplimiento verificable de los acuerdos firmados.
Ignorar los conflictos sociales del Huila no solo debilita la gobernabilidad, sino que también condena a la región a seguir atrapada en la frustración. Lo que hoy se reclama con indignación podría resolverse con voluntad política, transparencia y compromiso real. El tiempo de los anuncios ya se agotó: lo que el Huila necesita son hechos.
