Por: Faiver Eduardo Hoyos Pérez
Opinión
La madrugada del 6 de septiembre quedará marcada en la memoria de los neivanos como el inicio del quiebre definitivo de la confianza ciudadana hacia los agentes de tránsito por la pérdida de Wilmer Santiago Fuyar Ocampo y Yuly Andrea Quinayas Campo, dos jóvenes de apenas 19 años que servían como auxiliares de Policía.
Quiero ser objetivo desde el principio, no defiendo bajo ninguna circunstancia, la evasión de controles viales. Es indudable que los tres jóvenes que se movilizaban en esa motocicleta, con sobrecupo y aparentemente a exceso de velocidad, cometieron infracciones que merecían sanción. Sin embargo, aquí radica el meollo del asunto, y es que una infracción de tránsito es una falta administrativa, no un delito capital.
De acuerdo con lo señalado por la Ley 769 de 2002, cuando ocurre una evasión de un control, el protocolo es claro: recolectar pruebas y enviar el comparendo al domicilio registrado del vehículo involucrado. Es decir, no hay ningún artículo, ningún parágrafo, ninguna jurisprudencia que autorice convertir nuestras calles inundadas de huecos en escenarios de persecuciones hollywoodenses.
Entre más detalles salen a la luz pública, más cruda se vuelve esta historia y es que los testimonios son escalofriantes. La madre de Wilmer Santiago, relata lo que testigos presuntamente le contaron: “Me dicen que los de tránsito eran los que estaban persiguiéndolos y uno de ellos le metió algo a la moto, la parte de la llanta de atrás, metió como una varilla”. Si esto es cierto, estamos ante un acto criminal que en nada se parece a un procedimiento de tránsito mal ejecutado, ya se encargará la Fiscalía de determinarlo.
Pero hay algo más perturbador, ya que según algunos testigos que presenciaron la persecución, denunciaron que los guardas de tránsito no auxiliaron a las víctimas y que las dejaron abandonadas. Recordemos que la omisión de socorro es un delito tipificado en el artículo 131 de nuestro Código Penal, que establece penas de hasta 4 años de prisión para quien omita auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro. Por lo tanto, resulta inconcebible que funcionarios públicos, cuya primera obligación es proteger la vida, hayan presuntamente abandonado a tres jóvenes heridos en el asfalto, priorizando su huida sobre el deber humano y legal de socorro, agravando la situación.
Lo paradójico del caso es que la Personería ya tenía siete expedientes disciplinarios abiertos contra agentes de tránsito por denuncias previas similares, lo cual sugiere un patrón y no un hecho aislado. ¿Existe acaso una presión institucional por cumplir metas de comparendos? Sin duda, como sociedad debemos exigir respuestas, dado que no es posible que el afán recaudador o el ego herido de un funcionario porque alguien evadió su control se traduzca en vidas perdidas.
Ahora bien, es cierto que la Secretaría de Movilidad cumple una función muy importante en nuestra ciudad, incluso la mayoría de sus agentes realizan su trabajo con profesionalismo y dedicación. Pero como en toda institución, hay manzanas podridas que están manchando con sangre el buen nombre del cuerpo, en donde incluso algunos agentes no tienen la preparación, experiencia ni vocación necesarias para este trabajo.
Mientras tanto, Neiva lamenta la partida de estos jóvenes que recientemente habían cumplido un año de servicio militar y vieron sus sueños estrellarse de frente contra un poste de la avenida 26. Ahora sus familias lloran una pérdida irreparable, y los neivanos nos preguntamos si el proceder de estos actos valió la pena. Por supuesto, la respuesta es obvia, ningún comparendo, ninguna multa, ningún procedimiento administrativo está por encima de una vida.
Es hora de que las autoridades entiendan que su función no es perseguir infractores como si fueran peligrosos criminales, sino prevenir y sancionar dentro del marco de la ley. Desde este espacio, le exijo a la Fiscalía y la Procuraduría que sean implacables con la investigación, si hay responsables que paguen con todo el peso de la ley, y que esta tragedia sirva para reformar de raíz los protocolos y la cultura institucional de nuestra Secretaría de Movilidad. De ese modo, podremos comenzar a reconstruir la confianza perdida en las autoridades de tránsito.
