Por: Andrés Calderón
Opinión
Durante décadas, Colombia ha orientado su agenda de lucha antidrogas conforme a los direccionamientos y estándares extranjeros, y sí, el principal país en el mundo en materia de consumo de drogas y de la coca que producimos, que hoy tiene problemas más graves como el fentanilo o todo lo que es sintético, no quiere hacer nada dentro de sus fronteras para evitarlo. Cada año los Estados Unidos nos manipula bajo amenaza de descertificación en la lucha antidrogas y de dejar de dar ayudas militares y monetarias tan importantes para la superación de este problema. Quieren que les salga gratis el tema cuando es una medida de corresponsabilidad, pues sin consumo no hay oferta, fácil.
Y es que también debe tenerse en cuenta que la lucha contra la producción de drogas ilícitas va más allá de una simple ayuda monetaria extranjera; tiene que ver con el atraso profundo en nuestras regiones, tiene orígenes históricos de violencia y desplazamiento en los territorios más apartados, y tiene que ver con la pobreza, la falta de educación y la falta de fortaleza en nuestras instituciones, principalmente de justicia. Y aunque no se puede ser “desagradecido” con el aporte que los gringos han hecho, también es cierto que la solución va más allá y necesitamos muchos más recursos para solucionarlo, pero también una redefinición de las estrategias y conceptos, así como de la intervención de organismos multilaterales que certifiquen estos procesos; de lo contrario, queda supeditado a la agenda política gringa, tal y como hoy está pasando.
Luego decir que el gobierno colombiano no ha hecho nada para superar este problema histórico, que no lo solucionaron Duque, Santos, Uribe, Pastrana y de ahí para abajo, es ser mentirosos porque en Colombia ha habido una política de estado desde los 90 en lucha contra las drogas. Y aunque algunos gobiernos han sido más eficientes que otros en temas de disminución de hectáreas, que ojo, no tiene que ver con productividad, hemos seguido siendo siempre los principales productores. En este gobierno han aumentado las hectáreas de coca producto de la suspensión del uso de glifosato en aspersión aérea y terrestre por prohibición constitucional y legal refrendada en los acuerdos de paz de La Habana, y el redireccionamiento de la estrategia que trata al campesino como víctima y no como delincuente.
Pero el gobierno ha avanzado en seguimiento y captura de grupos criminales e incautación de coca, cosa no menor, o acaso, ¿qué hacen los militares gringos en el Caribe frente a Venezuela sino destruir los cargamentos y vidas? Además de quienes transportan la coca; nosotros aquí capturamos, esa es la diferencia. Pero parece que para ellos es legítimo y para nosotros no, y mientras tanto los capos de la droga se dan la gran vida en Miami por haber hecho acuerdos con la DEA y denunciado algunas rutas y pequeños narcos, lavan su plata para gastarla allá, negocio redondo, más cuando jamás hemos escuchado de captura de sus socios allá, o líderes de las redes de distribución al interior de tan importante nación.
Claramente, esta es una decisión de tinte político de parte de Trump, que quiere imponer su voluntad y mostrarse fuerte ante el mundo a través de aranceles con los que también nos atacó. Recuerden ustedes que ya había suspendido las ayudas a través de la USAID y ni que hablar de la estrategia de deportación y maltrato a nuestros conciudadanos. Trump ha querido dividir el mundo en el contexto de su lucha comercial con China principalmente, y lo ha hecho a través del fortalecimiento de las ultraderechas que le aplauden sus locuras. Por lo que lo de ayer no es nuevo; ya se venía venir. Todos fuimos testigos de cómo, desde hace meses, la derecha colombiana ha hecho lobby ante el Congreso gringo para afectar al gobierno colombiano por encima de los intereses nacionales, que son de todos y no solo de Petro o su gobierno. A Estados Unidos han viajado senadores y dirigentes políticos, pero también alcaldes que incluso han tenido nexos con la criminalidad que se alimenta de la comercialización y producción de esas drogas.
Esta medida unilateral, de desprestigio a nuestro gobierno que pretende capitalizar el uribismo para hacer campaña electoral, no más, es una medida de presión a nuestro gobierno que es legítima; por lo tanto, es un ataque directo a nuestra soberanía y democracias, así le reafirmaron desde la Casa Blanca a través de su delegado, tratando de individualizar el problema en cabeza de Petro.
