Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
El Huila vuelve a vivir días oscuros. En los últimos meses, el occidente del departamento, especialmente el municipio de La Plata, ha sido víctima de un prolongado bloqueo armado impuesto por el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias FARC, estructura “Iván Mordisco”, que mantiene paralizado el tránsito de personas, bienes y alimentos, y ha sembrado el miedo en comunidades que creían haber dejado atrás las épocas de la guerra.
La situación es crítica. Las vías que comunican a La Plata con los municipios vecinos de Nátaga, Paicol, Tesalia, La Argentina e incluso con el departamento del Cauca se encuentran bajo control o vigilancia de los grupos armados. Transportadores, campesinos, docentes y comerciantes se ven obligados a suspender actividades ante las amenazas directas de los ilegales, que patrullan los caminos rurales y difunden comunicados prohibiendo el paso de vehículos y productos.
El bloqueo ha generado desabastecimiento, pérdidas económicas y una sensación de abandono total por parte del Estado colombiano.
La presencia del grupo de Iván Mordisco en esta región no es nueva, pero sí se ha fortalecido en el último año. Las disidencias han encontrado en los corredores del occidente huilense una zona estratégica: es un paso clave entre el Cauca y el Tolima, y una ruta utilizada para el narcotráfico, el contrabando y el movimiento de armas. Su objetivo no solo es controlar el territorio, sino imponer su autoridad ante la ausencia de un Estado fuerte , articulado y presente.
Mientras tanto, el gobierno nacional sigue aferrado al discurso de la llamada “Paz Total”, un proyecto que, aunque noble en intención, ha terminado convirtiéndose en una herramienta que ha dado tiempo y legitimidad a los grupos criminales. En nombre del diálogo, el Estado ha cedido terreno, ha permitido el fortalecimiento de estructuras ilegales y ha dejado desprotegidas a las comunidades que más necesitan respaldo institucional.
La consecuencia de esta política ingenua o permisiva se vive hoy en La Plata y en el occidente del Huila: pueblos silenciados, escuelas vacías, campesinos sin mercado, jóvenes sin oportunidades y reclutados por la fuerza.
La gente del occidente huilense no pide privilegios, pide presencia estatal, inversión y seguridad. Pide que el Ejército y la Policía regresen a los caminos donde ahora solo se ven hombres armados sin ley ni rostro. Pide que el Gobierno mire más allá de los grandes titulares y entienda que el país profundo, el que trabaja la tierra y sostiene la economía con esfuerzo, está siendo víctima de un nuevo ciclo de violencia.
Es inconcebible que en pleno 2025, los huilenses tengan que vivir bajo el miedo, en pleno corazón del país. No se trata de una “situación puntual” como algunos funcionarios intentan presentarlo: se trata de una crisis humanitaria y de seguridad que amenaza con extenderse a toda la región si no se actúa con decisión.
El bloqueo del grupo Iván Mordisco no solo asfixia la economía local, sino que rompe el tejido social. Las familias viven encerradas, los productores no pueden sacar sus cosechas, los niños no pueden asistir a clases, y los hospitales enfrentan dificultades para recibir insumos.
El silencio de las instituciones nacionales y departamentales es una herida más profunda que el mismo miedo: demuestra que el país sigue dividido entre el centro que legisla y el campo que resiste.
El occidente del Huila necesita algo más que discursos. Necesita un plan integral de seguridad, inversión social, fortalecimiento institucional, infraestructura vial, educación de calidad y oportunidades reales para los jóvenes. De lo contrario, los grupos armados seguirán encontrando terreno fértil para sembrar su ideología y sus armas en la desesperanza de las comunidades rurales.
Hoy, La Plata, Nátaga, Paicol y Tesalia no solo están sitiadas por la violencia, sino por el olvido. Y mientras el país mira hacia otro lado, el miedo avanza.
Si el Gobierno no actúa con firmeza, lo que hoy es un bloqueo temporal puede convertirse en un dominio territorial permanente.
Es hora de que el Estado recupere su presencia y su autoridad, no solo con soldados, sino con políticas que devuelvan la confianza, la esperanza y la dignidad a un pueblo que ha pagado demasiado caro por una paz que nunca llegó.
Porque en el occidente del Huila, la gente sigue resistiendo, pero también se está agotando de resistir sola.
