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El Senado de la República aprobó este jueves el Presupuesto General de la Nación 2026 por un monto de 546,9 billones de pesos, tras acoger el texto previamente avalado por la Cámara de Representantes. Aunque el proyecto salió adelante, el Gobierno enfrenta ahora un desafío fiscal considerable, pues deberá conseguir 16,3 billones de pesos adicionales para financiar completamente los compromisos del próximo año.
El faltante depende de la reforma tributaria o ley de financiamiento que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó hace varios meses ante el Congreso y que todavía no ha iniciado su trámite. Según el funcionario, el proyecto está siendo revisado para ajustar algunos puntos en función del presupuesto finalmente aprobado. Sin embargo, el panorama político no parece favorable, ya que desde antes de su radicación algunos congresistas habían anticipado su rechazo.
El senador Efraín Cepeda aseguró que no apoyará una nueva reforma sin claridad sobre el uso de los recursos actuales. Señaló que el Gobierno no ha ejecutado cerca de 80 billones de pesos y que no se puede seguir “metiéndoles la mano al bolsillo de los colombianos ni a las fiducias de las regiones”.
Desde la Cámara de Representantes también hay resistencia. La representante Katherine Miranda manifestó que no existe un ambiente político ni social para aprobar una nueva reforma tributaria en medio de la desaceleración económica que atraviesa el país.
A pesar de las dudas, el Ejecutivo confía en que el Congreso apruebe la iniciativa, pues los artículos 1 y 2 del Presupuesto 2026 están vinculados a la ley de financiamiento, lo que le da cierto margen de maniobra. En caso de no lograr respaldo para el proyecto, se analiza la posibilidad de reducir el monto inicialmente planteado a unos 8 billones de pesos.
Desde el sector empresarial también se han encendido las alertas. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió que nuevos impuestos sobre los combustibles afectarían directamente el costo del transporte, los alimentos y los servicios básicos. Dijo que una medida de ese tipo encarecería la canasta familiar y tendría efectos en toda la economía.
Ante las críticas, el ministro Ávila reiteró que los ajustes en la ley de financiamiento buscarán proteger a los sectores de menores ingresos. Explicó que las medidas se concentrarán en contribuyentes de altos ingresos y en gravámenes específicos, como los juegos de suerte y azar en línea o las bebidas alcohólicas.
Si el Congreso no aprueba la reforma, el Gobierno tendría que recurrir nuevamente a congelar parte del gasto o aumentar el endeudamiento, tal como ocurrió en 2025. En sus declaraciones tras la aprobación del presupuesto, Ávila insistió en que la ley de financiamiento busca resolver problemas estructurales en áreas como la salud y la educación, y que los sectores con mayores recursos deberán asumir una mayor responsabilidad en el esfuerzo fiscal.
Con el Presupuesto 2026 aprobado y la discusión tributaria aún pendiente, el Gobierno entra en una etapa decisiva para definir cómo cubrirá el déficit y garantizar la ejecución de los recursos sin comprometer la estabilidad económica del país.
