Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
Por años hemos afirmado que el problema de la corrupción en Colombia, puede ser clasificado como el principal y más retardatario de todos los males que nos aquejan como nación. Según Transparencia Internacional, Colombia se ubica entre los países con mayor percepción de corrupción en América Latina por encima de Honduras, Paraguay o Guatemala. Sin embargo, minimizar la discusión a los sobornos, coimas, comparendas y el clientelismo, es analizar la punta del Iceberg. El verdadero cáncer que soporta la estantería es la impunidad
La comodidad, tranquilidad e insolente confianza con que la corrupción opera en contubernio con nuestro sistema judicial, con pocas excepciones, termina absolviendo, prescribiendo y desvaneciendo los procesos contra los políticos poderosos, que de acuerdo a su nivel territorial tienen su propia tarifa. Colombia es un Pais donde robar al Estado no tiene consecuencias en la mayoría de oportunidades.
El número que puede ser hasta escandaloso, lo arroja la Corporación Excelencia en la Justicia, quien afirma en los informes de los años 2020, 2022 y 2024, que los casos de corrupción en más del 94% quedan en la impunidad. Lo anterior, aunque suena más a una metáfora, es estadística fáctica.
Con el objeto de argumentar lo afirmado, haremos un recorrido por algunos de los casos icónicos de la impunidad ramplona, que campea en las salas y los estrados judiciales.
Iniciemos con el caso Odebrecht, un monumento a la impunidad. A diferencia nuestra, en Brasil los responsables fueron procesados, condenados y encarcelados. En Perú, el expresidente Alan García Pérez terminó suicidándose cuando lo iban a capturar. En Colombia los expresidentes Santos, Pastrana y Uribe siguen impunes, los máximos responsables políticos están al margen y los procesos terminaron absolviendo, precluyendo o en el mejor de los casos, con sanciones mínimas.
La Fiscalía emitió condenas parciales, pero la maquinaria política no se afectó en lo más mínimo. El propio fiscal Néstor Humberto Martínez renunció en medio del escándalo de las aparentes muertes de Jorge Enrique Pizano (excontroller de la Ruta del Sol II) y su hijo Alejandro Pizano. Incluso estas dos muertes siguen siendo un enigma con alta dosis de impunidad.
Otro caso patético y controversial fue el de Agro Ingreso Seguro, donde se beneficiaron con subsidios millonarios a familias poderosas. Solo Andrés Felipe Arias terminó condenado, pero nadie investigó el entramado político de fondo, los beneficiarios no tuvieron sanciones reales, incluso la familia del presidente Uribe se benefició con estos dineros, que debieron ser entregados a familias campesinas de bajos recursos.
Quizás de los procesos más debatidos en la palestra pública es el de la parapolítica, que destapó vínculos entre políticos y paramilitares, llevando a más de 60 congresistas uribistas a ser investigados, pero muchas de estas investigaciones se diluyeron en segundas instancias, otros recibieron condenas irrisorias y la mayoría de clanes políticos recicló a esposas, hijos o hermanos, para continuar delinquiendo en cuerpo ajeno.
Del anterior megaproceso, se deriva el renombrado juicio contra el exsenador Uribe Vélez con un record de 20 años sin resultados distintos a la absolución impune.
La impunidad refleja un modus operandi diseñado, planeado y probado. Se encuadra perfectamente en actuaciones dilatadas que permiten prescribir los procesos, conflictos de competencia que terminan congelando los juicios, nombramientos en fiscalía, contraloría y procuraduría proclives al sistema impune, beneficios procesales que alivian penas hasta volverlas simbólicas, faltas administrativas que no inhabilitan de verdad y fallos disciplinarios que se caen en segunda instancia. En Colombia el político corrupto no le teme a la cárcel, ni a la procuraduría, ni a la contraloría, pues sabe que, teniendo el dinero para pagar el pase, las cosas están aseguradas. Con la corrupción se financia el pago de sistema judicial al nivel que corresponda.
El verdadero temor del político que actúa con estas lógicas, es perder las elecciones, puesto que el sistema judicial permite aleccionar al funcionario pequeño que no se alinee, perdona al barón regional y, absuelve casi siempre, al poderoso de nivel nacional.
El problema de estar invadidos de corruptos en la política es que estos no se trasnochan, duermen profundo el sueño de los perdonados, pues la impunidad está asegurada si se tiene el billete para pagar la coima que imponga el sistema judicial.
Vivo ejemplo de lo anterior lo explica el caso del fiscal Anticorrupción capturado por corrupto…. ¡No seamos tan pendejos!
