Judicial
El proceso penal contra Jonathan Francisco García Tapias, señalado de asesinar a una niña de 10 años en Pitalito en enero de 2023, podría quedar en riesgo por vencimiento de términos, según denunció la representación legal de la familia de la víctima. El caso, que pasó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, y desde entonces ha enfrentado una cadena de retrasos que impide su avance y que hoy preocupa a los apoderados, quienes advierten que la justicia podría no llegar antes de que los plazos legales se cumplan.
Álvaro Murillo, apoderado suplente de la madre de la menor, Esperanza Luna Valderrama, explicó que las demoras acumuladas en el trámite judicial podrían permitir que el procesado recupere su libertad sin una decisión de fondo. Señaló que errores administrativos, fallas en las notificaciones y omisiones en la verificación de la ubicación del acusado por parte del juzgado y el INPEC impidieron que la audiencia preparatoria culminara sino hasta junio de 2025, más de dos años después de los hechos. Estas dificultades, dijo, han frenado el desarrollo del juicio pese a tratarse de un feminicidio contra una menor y, por tanto, un proceso que debía avanzar con prioridad.
Rl crimen ocurrió en enero del 2023 y la audiencia de juicio oral se instaló dos años después, el 3 de junio de 2025. Sin embargo, durante los meses posteriores no fue posible programar otra sesión, lo que mantiene el proceso detenido y aumenta la probabilidad de que se configure un vencimiento de términos. Para la defensa, esta situación representa un riesgo real de que García Tapias recupere su libertad a pesar de la gravedad del crimen y de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
García Tapias fue imputado por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado. Los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2023 en una vivienda del barrio La Virginia, donde, según la Fiscalía, el hombre atacó con arma blanca a la menor y a su abuela, quien sobrevivió al ataque. De acuerdo con los reportes iniciales, el señalado habría intentado abusar de la niña, acción que fue impedida por la adulta mayor, quien también resultó gravemente herida. El procesado no aceptó cargos y permanece bajo medida de aseguramiento intramural.
Pese a una tutela ordenada por el Tribunal, los problemas continuaron. La audiencia prevista para el 28 de noviembre de 2025 no pudo llevarse a cabo porque el juzgado de nuevo no cumplió con los tiempos de citación establecidos y el Inpec tampoco realizó la conexión del procesado, incumpliendo nuevamente sus obligaciones. Para la defensa, esta desobediencia a un fallo de tutela evidencia la gravedad de la situación y confirma que no se trata de simples retrasos administrativos, sino de una afectación seria y sostenida al proceso.
Según Murillo, esta cadena de incumplimientos mantiene al sistema judicial al borde de permitir que un procesado por feminicidio capturado en flagrancia quede en libertad sin sentencia, mientras la familia continúa a la espera de verdad y justicia. Añadió que la madre de la menor ha soportado casi tres años de espera sin avances definitivos, por lo que solicitan que se cumpla de inmediato la orden del Tribunal, se investigue la actuación de la juez y de los funcionarios del Inpec involucrados, y se garantice que el juicio avance de manera prioritaria hasta una decisión final.
La defensa de la familia insiste en que el caso refleja fallas que deben ser revisadas para garantizar que el juicio avance. Sostienen que las dilaciones administrativas y la falta de continuidad en las audiencias afectan directamente la búsqueda de justicia para la menor y mantienen en incertidumbre un proceso que generó conmoción en el sur del Huila. Añaden que, sin correctivos inmediatos, el caso podría quedar sin resolución o enfrentar consecuencias procesales que beneficiarían al acusado.
