Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
El asesinato de la patrullera de la Policía Nacional en La Plata, Huila, frente a su hijo, no es simplemente un acto de barbarie: es la consecuencia directa de un gobierno que ha renunciado a ejercer autoridad, que desmontó la seguridad, que humilló a la Fuerza Pública y que convirtió al criminal en actor político .
En Colombia ya no matan a los policías a escondidas. Ahora los asesinan de frente, sin miedo, sin correr, porque saben que este Gobierno no los persigue: los consiente . Saben que aquí el Estado no manda; se subordina.
La Plata se convirtió en escenario de un crimen que rompe cualquier límite moral: una uniformada, una madre, ejecutada al lado de su hijo pequeño. ¿Y qué hace el Gobierno? Comunicado. Rechazo tibio. Una promesa más. Nada que enfrente a los verdaderos responsables: la permisividad, la falta de autoridad y la legitimación política de quienes azotan al Huila.
La política de seguridad del Gobierno dejó de ser un fracaso: ya es una amenaza para el propio Estado.
Mientras las disidencias se expanden como dueñas del territorio, el Presidente y sus ministros siguen hablando de “paz total”, una paz que solo existe en los discursos pero que en la vida real se traduce en muertos, desplazados, secuestrados y municipios enteros sometidos por el miedo.
El crimen de La Plata es un mensaje: los violentos mandan, el Gobierno obedece y la ciudadanía paga las consecuencias.
Y lo más doloroso es que la patrullera asesinada representa a todo un cuerpo de hombres y mujeres que hoy patrullan sabiendo que están solos, que cada vez que salen a trabajar lo hacen bajo un Estado que les quitó el respaldo para entregárselo a los victimarios.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo el Huila debe cargar con la indiferencia nacional?
¿Hasta cuándo vamos a tolerar que el crimen organizado imponga su ley mientras la institucionalidad se refugia en eufemismos y excusas?
El país necesita un timonazo real, no un discurso. Necesita recuperar la autoridad, blindar a la Fuerza Pública y enfrentar a los violentos con determinación, sin cálculos políticos y sin romanticismos que solo fortalecen los criminales.
La memoria de esa patrullera, el dolor de su hijo y la indignación de todo un departamento nos obligan a decirlo sin medias tintas:
El Huila exige seguridad. Colombia exige autoridad. La Fuerza Pública exige respaldo. Y el Gobierno debe responder, porque la sangre que hoy mancha las calles de La Plata es la consecuencia directa de sus decisiones.
No podemos permitir que este crimen pase a la larga lista del olvido.
No podemos aceptar que el país siga arrodillado.
O reaccionamos ya o nos quedamos sin República. Si no exigimos un viraje total en seguridad, mañana será otra familia la que reciba un féretro, otra madre la que llore a su hija asesinada por la espalda, otro niño el que crezca sin su mamá porque el Estado decidió abandonar su deber.
Duele Colombia.
