Política
El Proyecto de Ley 223 de 2024 dio un paso decisivo en el Congreso tras ser aprobado en el Senado y avanzar a una nueva etapa de discusión en la Cámara de Representantes.
La propuesta establece medidas para prevenir los efectos de la obsolescencia programada, práctica utilizada por algunos fabricantes y comercializadores para limitar la vida útil de productos de consumo masivo, como celulares, computadores y electrodomésticos.
El senador Carlos Julio González Villa, uno de los autores del proyecto, celebró la aprobación en la plenaria y destacó que la iniciativa está orientada a defender los derechos de los consumidores y a promover un uso más responsable y sostenible de la tecnología.
Entre sus disposiciones más relevantes, el proyecto establece la obligación de informar de forma clara y visible la vida útil de los dispositivos electrónicos. Esta información deberá aparecer en el empaque del producto, y el Gobierno nacional tendrá hasta 24 meses para reglamentar el etiquetado correspondiente.
En relación con las actualizaciones de software, la iniciativa exige que los fabricantes informen previamente a los usuarios sobre sus efectos.
Cuando estas actualizaciones afecten negativamente el rendimiento del equipo, deberán contar con la aceptación expresa del consumidor y permitir la reversión de los cambios, garantizando un mayor control para el usuario.
El proyecto también fortalece el régimen sancionatorio, facultando a la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer multas de entre cinco y diez veces el valor de las ventas del dispositivo infractor. Además, la Superintendencia de Sociedades podrá sancionar maniobras empresariales dirigidas a evadir responsabilidades comerciales.
En el ámbito de la contratación pública, se establece que las compras estatales deberán cumplir estas disposiciones y priorizar dispositivos con la mejor relación entre vida útil y costo. Colombia Compra Eficiente tendrá un plazo de seis meses para reglamentar estos criterios.
La iniciativa también incorpora un enfoque ambiental al ordenar al Ministerio TIC y al Ministerio de Ambiente diseñar una ruta nacional de posconsumo para la adecuada gestión de residuos electrónicos, en línea con los principios de sostenibilidad y economía circular.
