Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
Noralba Lamilla fue asesinada en el municipio de Algeciras, Huila, cuando llegaba a su finca. Llegaba a casa, a su tierra, a su trabajo diario. No estaba armada, no representaba una amenaza, no hacía daño a nadie. Aun así, fue asesinada.
Su muerte es una prueba dolorosa de que la paz de la que tanto se habla no llegó al campo colombiano. En municipios como Algeciras, la violencia no desapareció; se reorganizó y volvió a imponer el miedo mientras el Estado se retiraba del territorio.
Ser mujer y ser campesina hoy es vivir en riesgo permanente. Noralba Lamilla no es solo un nombre en una noticia: es el rostro de miles de familias rurales que quedaron solas, sin protección y sin garantías mínimas para vivir y trabajar en su propia tierra.
Aquí no bastan discursos ni comunicados de rechazo. Exigimos acciones concretas: presencia real y permanente de la Fuerza Pública en las zonas rurales, investigaciones serias, capturas oportunas y sanciones ejemplares. La impunidad también mata.
La llamada “paz total” no se mide en palabras ni en mesas de diálogo, se mide en la seguridad de las veredas y en la posibilidad de volver a casa con vida. Y en Algeciras, esa paz nunca llegó.
Hoy fue Noralba Lamilla. Mañana puede ser cualquier otra mujer campesina.
Y cuando llegar a casa se convierte en una sentencia de muerte, no estamos ante un hecho aislado, sino ante el fracaso de un Estado que abandonó a su gente.
