Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
Las promesas populistas siempre suenan bien cuando se dicen desde una tarima y se venden como actos de justicia social, pero la historia demuestra que cuando se ejecutan sin responsabilidad técnica terminan convirtiéndose en castigos colectivos. Hugo Chávez prometió subir salarios, enfrentar a los empresarios y “poner al pueblo primero” y cumplió, el resultado fue la destrucción del aparato productivo, el colapso del empleo y millones de personas viviendo peor que antes. Hoy, Gustavo Petro repite ese libreto en Colombia y también lo está cumpliendo, especialmente con el aumento desbordado del salario mínimo, una decisión que puede ser popular pero que es profundamente irresponsable si no va acompañada de alivios reales para quienes generan empleo.
Que quede claro, no me opongo a que el salario mínimo aumente, nadie puede hacerlo con honestidad en un país tan desigual como el nuestro, pero aumentar salarios mientras se mantienen o incluso se incrementan los impuestos, las cargas laborales y la presión regulatoria sobre los empresarios es condenar al empleo formal a una lenta agonía. El Gobierno actúa como si todos los empleadores fueran grandes monopolios llenos de utilidades, cuando la realidad es que la mayoría son pequeños y medianos empresarios que ya están al límite, pagando impuestos excesivos, enfrentando inflación, tasas de interés altas y una narrativa oficial que los señala casi como enemigos del pueblo.
El aumento del salario mínimo sin una reducción proporcional de impuestos y costos no dignifica al trabajador, lo expulsa del mercado laboral. La consecuencia no es un mejor país sino despidos, informalidad y cierre de empresas. No es una amenaza, es una realidad económica elemental que el petrismo se niega a reconocer porque no encaja en su discurso ideológico. El empresario no despide por maldad, despide porque no puede pagar, y cuando el Estado se convierte en socio obligatorio solo para cobrar pero no para aliviar, el resultado es el colapso del empleo.
Aquí es donde Petro se parece más a Chávez de lo que muchos quieren admitir. Ambos creyeron que el aplauso reemplaza la técnica, que la ideología sustituye la economía y que el Estado puede sostenerlo todo mientras asfixia al sector productivo. Defender al trabajador atacando al empresario es una contradicción peligrosa, porque sin empresa no hay empleo y sin empleo no hay salario que valga.
Colombia no necesita más decisiones hechas para ganar titulares ni más discursos cargados de moralismo económico. Necesita equilibrio, responsabilidad y respeto por quienes sostienen el país pagando nóminas, impuestos y riesgos todos los días. Subir el salario mínimo sin bajar impuestos no es justicia social, es populismo puro, y el populismo siempre termina pasando la factura a los mismos de siempre, los trabajadores y la clase media.
Yo no apoyo a Petro y me opongo a su modelo porque no construye, divide, no genera empleo, lo pone en riesgo, no fortalece la economía, la debilita. Cumplir promesas no es un mérito cuando se hacen sin medir las consecuencias. La historia ya nos advirtió lo que pasa cuando se gobierna así. Ignorarla no es valentía, es irresponsabilidad.
