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Las obras inconclusas, los procesos que prescriben y los recursos públicos que no llegan a su destino están en el centro de las preocupaciones con las que Wilson Díaz Sterling inicia su periodo al frente de la Contraloría Departamental del Huila. El nuevo contralor asumió funciones en medio del empalme administrativo, con la revisión de los procesos heredados y la definición de una hoja de ruta que, según explicó, buscará fortalecer el control fiscal y la participación ciudadana durante los próximos cuatro años.
El proceso de empalme comenzó a finales de diciembre y se consolidó a partir del primero de enero, con la verificación de los informes, expedientes y dependencias recibidas de la administración anterior. De acuerdo con Díaz, esta revisión permitirá establecer un diagnóstico del estado real de la entidad y servirá como punto de partida para la construcción del plan de vigilancia ciudadana y control fiscal del cuatrienio.
Dentro de ese ejercicio inicial, la Contraloría adelanta la identificación de procesos con riesgos de prescripción, una situación que, según indicó, ha sido motivo de preocupación en la Asamblea Departamental. Para ello, el equipo técnico construye una línea de tiempo que permita conocer el estado de cada actuación y los plazos legales vigentes. El contralor estimó que en un término máximo de 15 días se entregará un informe consolidado sobre cómo se recibe la Contraloría Departamental del Huila.
Con base en ese diagnóstico, la nueva administración proyecta un plan de vigilancia que incorpore de manera más activa a la ciudadanía. Aunque la Contraloría no ejerce control fiscal preventivo y concomitante, Díaz señaló que la entidad sí puede acompañar procesos de control social y vigilancia ciudadana, en el marco de lo establecido en el Decreto 403 de 2019. La estrategia contempla el trabajo con organizaciones sociales, audiencias públicas y acciones judiciales, con el fin de intervenir de manera más oportuna en la ejecución de los recursos públicos.
El contralor sostuvo que uno de los propósitos es evitar que el control fiscal se limite a hallazgos que, en algunos casos, terminan archivados sin resultados efectivos. Según explicó, la intención es actuar con mayor anticipación frente a posibles detrimentos patrimoniales y obras inconclusas, con el apoyo de la ciudadanía y de distintos sectores sociales, para que los recursos públicos cumplan su finalidad contractual.
Frente a la percepción ciudadana sobre la falta de resultados visibles de los organismos de control, Díaz reconoció que existe una expectativa por decisiones más contundentes, tanto en recuperación de recursos como en sanciones. Indicó que, además del trabajo técnico, se fortalecerá la vigilancia social como un componente clave del control fiscal, en articulación con otras entidades de control, la academia y grupos ciudadanos.
El plan de trabajo también incluye la realización de auditorías con énfasis en la calidad y la pertinencia, más allá del número de procesos adelantados. Para el contralor, los resultados de esas auditorías deben ser comprensibles para la ciudadanía y reflejarse en mejoras reales en la gestión pública. En ese contexto, señaló que se evaluará el fortalecimiento del equipo humano de la Contraloría y el uso de herramientas tecnológicas, con el apoyo de entidades como la Contraloría General de la República.
Otro de los enfoques planteados es la revisión de los proyectos desde sus etapas de planeación, con el propósito de identificar fallas tempranas y permitir que los sujetos de control adopten correctivos oportunos. Díaz señaló que muchas de las irregularidades se originan en deficiencias de planeación y que, si estas se corrigen a tiempo, se pueden evitar obras inconclusas y pérdidas de recursos públicos.
En relación con los cuestionamientos sobre su independencia y su cercanía con el gobernador Rodrigo Villalba, el contralor afirmó que su trayectoria en el sector público lo ha llevado a interactuar con distintos mandatarios y entidades a lo largo de los años. Según indicó, esa relación institucional no interfiere con el ejercicio técnico del control fiscal, el cual debe aplicarse con base en las normas y en el cumplimiento de los contratos suscritos por las entidades territoriales.
Díaz sostuvo que la labor de la Contraloría es verificar que las obras y contratos se ejecuten conforme a lo pactado y que los recursos públicos se destinen a los fines para los cuales fueron aprobados. En ese sentido, señaló que la existencia de obras inconclusas no debería ser una situación recurrente y que las entidades responsables deben responder por los proyectos que contratan, en beneficio de las comunidades.
Sobre su posesión en el cargo, el contralor explicó que se realizó dentro de los términos legales y que corresponde a un periodo constitucional. Detalló que aceptó la designación en diciembre, presentó su renuncia al cargo de notario y, tras la aceptación de esta por parte del Gobierno nacional, formalizó su posesión el 20 de diciembre. Indicó que el trámite se realizó mediante testigos, ante la imposibilidad de hacerlo ante otras autoridades por la vacancia institucional de fin de año, y que el procedimiento quedó debidamente documentado y sujeto a verificación.
Díaz recordó que la Contraloría Departamental del Huila tiene a su cargo 129 sujetos de control y reiteró el llamado a la ciudadanía para participar activamente en la vigilancia de los recursos públicos. También anunció la intención de abrir espacios para jóvenes y recién graduados, a través de convenios con instituciones de educación superior, para prácticas y primer empleo. El contralor concluyó que su gestión buscará garantizar que los recursos públicos se inviertan conforme a los fines aprobados, fortalecer la transparencia y aplicar las sanciones correspondientes cuando se incumplan las normas.
