Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia contemporánea. Tras años de una dictadura que debilitó gravemente las instituciones, acompañada de persecución política, deterioro del Estado de derecho y una de las crisis humanitarias más profundas del hemisferio, el país comienza a transitar —con dificultades, tensiones y enormes desafíos— hacia una apertura democrática largamente esperada. Una apertura que hoy se percibe en el ambiente ciudadano, en expresiones de esperanza colectiva y en la convicción de que es posible iniciar un nuevo capítulo para el país. Este proceso no puede pasar inadvertido para América Latina, y mucho menos para Colombia.
No se trata de un camino perfecto ni inmediato. Las transiciones democráticas nunca lo son. Son procesos complejos, frágiles y, en muchos casos, dolorosos. Pero también son indispensables. Venezuela empieza a dar pasos hacia la recuperación de la voluntad popular, el fortalecimiento de la institucionalidad y la reconstrucción progresiva del Estado de derecho. Cada avance refleja años de resistencia de sus ciudadanos y de compromiso democrático por parte de una sociedad que no renunció a su derecho a decidir. Ese solo hecho merece la atención responsable de la comunidad internacional y el acompañamiento de quienes creemos en la democracia como un principio esencial.
Para Colombia, esta transición no es un asunto distante. Somos países hermanos, unidos por la historia, la frontera y millones de vínculos humanos y familiares. Más de dos millones de venezolanos han encontrado refugio en nuestro país por una necesidad humanitaria evidente. Hoy, muchos de ellos siguen con atención y expectativa los acontecimientos en su país. Defender la democracia en Venezuela es también contribuir a la estabilidad regional, a la seguridad compartida y a la dignidad de millones de personas.
Colombia debe asumir un papel claro y coherente: respaldar una transición democrática real, sin ambigüedades, sin legitimaciones prematuras y sin silencios que terminen debilitando los principios democráticos. La democracia se protege con instituciones sólidas, garantías efectivas y respeto por los derechos fundamentales. No puede hablarse de normalización mientras persistan la persecución política, las restricciones a la oposición, la ausencia de garantías electorales plenas y la falta de rendición de cuentas frente a las violaciones de derechos humanos.
La región ya ha pagado un costo elevado por la indiferencia. América Latina no necesita proyectos políticos que se perpetúan en el poder a costa de las libertades, sino gobiernos que respeten la alternancia democrática, la libertad de prensa, la independencia de poderes y la soberanía popular.
La transición venezolana debe ser acompañada con firmeza, con exigencia democrática y con una solidaridad genuina hacia su pueblo. Colombia, desde sus instituciones, puede y debe ser una voz clara y consistente en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, sin dobles discursos ni contradicciones. Venezuela tiene derecho a recuperar su futuro. Y Colombia tiene el deber moral y político de contribuir, con responsabilidad y coherencia, a que ese camino se consolide.
