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La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó un incremento del 23 % en el salario mínimo que regirá en 2026. El gremio solicitó, además, la suspensión provisional de la norma mientras avanza el estudio judicial del caso.
Según Fenalco, la acción busca que el alto tribunal revise la legalidad del decreto y evalúe sus efectos sobre la economía, el empleo y la seguridad jurídica. En el documento radicado, el gremio sostiene que la decisión adoptada por el Ejecutivo no se ajustó a los criterios establecidos en la legislación vigente para la fijación del salario mínimo.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que el Gobierno habría desconocido el marco legal y constitucional al introducir criterios que, según el gremio, no están contemplados en la ley. En particular, señaló que se dejaron de lado las variables que tradicionalmente deben ser consideradas en este proceso, como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
De acuerdo con Fenalco, el decreto incorporó el concepto de “salario vital”, construido a partir de referencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cuales, según el gremio, no tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Otro de los puntos centrales de la demanda tiene que ver con el papel del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Cabal afirmó que se desconoció la competencia exclusiva de esta entidad como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador fundamental para la medición de la inflación y para el cálculo del ajuste del salario mínimo.
Fenalco también cuestionó la falta de claridad sobre la metodología utilizada para determinar el aumento del 23 %. Según el gremio, no es verificable cómo se pasó de variables económicas que, en su análisis, justificaban un ajuste cercano al 6,21 %, a un incremento significativamente mayor.
Desde la perspectiva de Fenalco, la aplicación del nuevo salario mínimo podría generar efectos negativos en distintos frentes. Entre los riesgos señalados se encuentran presiones adicionales sobre la inflación, afectaciones al empleo formal, un aumento de la informalidad laboral y dificultades para el aparato productivo, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas.
El gremio advirtió que el incremento podría traducirse en la pérdida de cerca de 772.000 empleos y en el cierre de un número significativo de mipymes, debido al aumento de los costos laborales. Asimismo, alertó sobre posibles impactos en las finanzas públicas, derivados de mayores gastos asociados a salarios y prestaciones.
Cabal aclaró que la demanda no está dirigida en contra de los trabajadores, sino que, según afirmó, busca prevenir efectos económicos que también terminarían afectando el poder adquisitivo de los ingresos laborales por cuenta de una mayor inflación.
