Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
En el Huila ya no se vive: se sobrevive. La violencia dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una presencia cotidiana sin aviso y sin piedad. Hoy no hablamos de cifras, hablamos de vidas rotas, de familias destrozadas y de un miedo que se ha instalado en cada rincón del departamento.
El ataque del que fue víctima Ismael Rodríguez Pulgarin, hijo del director de la cárcel de Neiva Edgare Rodríguez, no es solo un hecho criminal, es un mensaje brutal de hasta dónde ha llegado el desorden y la pérdida de control. Cuando la violencia alcanza a los hijos, cuando ni siquiera los familiares de quienes sirven al Estado están a salvo, queda en evidencia un fracaso profundo: el fracaso de la autoridad para proteger a los ciudadanos.
Este hecho estremece, indigna y duele. Duele porque nadie debería enterrar a un hijo ni temer por su vida en una tierra que merece paz. Duele porque confirma lo que muchos venimos advirtiendo: el crimen avanza mientras el Estado retrocede, y la impunidad se convierte en aliada de los violentos.
En el Huila se asesina, se amenaza, se extorsiona, y la respuesta oficial sigue siendo débil, tardía y muchas veces silenciosa. No basta con rechazos formales ni con minutos de silencio. La gente exige presencia real, decisiones firmes y resultados visibles. La seguridad no puede seguir siendo un discurso.
Hoy clamamos justicia. Pedimos autoridad legítima, por una Fuerza Pública respaldada, y por una política de seguridad que defienda la vida sin titubeos. La paz no puede seguir siendo una excusa para la inacción.
La violencia no se puede normalizar. No podemos acostumbrarnos al horror ni aceptar que el miedo sea parte de la rutina. Cuando el Estado no protege a sus ciudadanos, la sociedad tiene el deber de alzar la voz.
Por el hijo que hoy es víctima, por cada familia golpeada, por cada huilense que vive con temor, este departamento exige respuestas ya. El silencio también mata, y el Huila no puede seguir pagando el precio de la indiferencia.
