Política
El director de Salvación Nacional y candidatonal Senadonde la República, Enrique Gómez, plantea al Huila como un punto estratégico para la seguridad y el desarrollo del sur de Colombia. Su propuesta no parte de la coyuntura electoral, sino de una lectura geopolítica de una región que, según él, ha estado marcada por la presencia de economías ilegales, déficit de infraestructura y una débil presencia estatal.
En su diagnóstico, los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca, que rodean al Huila, comparten problemas estructurales de orden público y economías ilícitas que han alimentado la violencia durante décadas. Desde esa perspectiva, sostiene que el Huila puede convertirse en un epicentro desde el cual se articule una estrategia regional de seguridad y desarrollo.
Gómez insiste en que Colombia debe retomar la vocación productiva del sur del país como alternativa frente a los cultivos de coca y marihuana. A su juicio, esos cultivos no solo han distorsionado la economía local, sino que han profundizado la inseguridad y la presencia de organizaciones criminales. Para él, la salida pasa por combinar control territorial con inversión productiva.
La seguridad, afirma, debe ser el punto de partida. Considera que las zonas del sur no pueden seguir siendo corredores de tránsito de grupos armados ni territorios disputados por estructuras criminales. Plantea la necesidad de fortalecer la presencia militar y policial con operaciones permanentes que permitan recuperar el control estatal, especialmente en áreas de cordillera y pie de monte llanero.
Sin embargo, advierte que la seguridad por sí sola no es suficiente. Su propuesta incluye una apuesta fuerte por la infraestructura como condición para reactivar la economía regional. En particular, destaca la importancia de una salida efectiva al Pacífico, ya sea por Tumaco, la rehabilitación del puerto de Buenaventura o la construcción de un puerto de aguas profundas en el norte del Pacífico. A esto suma la necesidad de mejorar la interconexión vial del Huila con el resto del país.
Para Gómez, el desarrollo también depende de la justicia. Sostiene que el Estado debe sancionar con firmeza a corruptos, narcotraficantes y grupos armados ilegales, y romper con lo que denomina tolerancia frente a la cultura del narcotráfico en el sur del país. Advierte sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales y grupos armados que disputan el control territorial.
En su visión, el Huila podría albergar una base militar con capacidad operativa suficiente para garantizar estabilidad en el sur y proteger, además, el corredor estratégico hacia Bogotá. Según él, quien controla las cordilleras incide de manera directa en el orden público nacional.
En el plano económico, reivindica la tradición productiva del departamento. Recuerda el impulso histórico al cultivo de arroz y la construcción de distritos de riego desde mediados del siglo XX, infraestructura que, según él, requiere modernización, mantenimiento y conexión con vías terciarias, energía de calidad y apoyo técnico a los productores.
También subraya la importancia de diversificar la producción agrícola con multicultivos y cafés especiales, sin abandonar la centralidad del café como eje de identidad y economía del Huila. Plantea un modelo de desarrollo que articule seguridad, infraestructura y productividad como bases de una región fuerte en el centro del país.
En el terreno político, cuestiona el diseño de la circunscripción nacional del Senado surgida de la Constitución de 1991. Afirma que este modelo ha debilitado la relación entre congresistas y territorios, al favorecer lo que denomina “senadores volantes” que visitan los departamentos solo en época electoral.
Frente a ese escenario, sostiene que los ciudadanos deben recuperar su vínculo con la política y que los congresistas deben estar sometidos a un control social permanente. A su juicio, es necesaria una reforma política y electoral integral que regule tanto el comportamiento de los elegidos como las reglas mediante las cuales son elegidos.
Gómez concluyó que la participación ciudadana y la rendición de cuentas son claves para fortalecer la democracia representativa y evitar que la política quede “en malas manos”.
