ECONOMIA
La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que vigilará de manera estricta los incrementos de precios que se produzcan tras el aumento del salario mínimo para 2026 y advirtió que las empresas que trasladen automáticamente ese ajuste a sus tarifas podrían enfrentar investigaciones y sanciones.
El pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente medidas contra compañías que, según él, estarían indexando sus precios al alza del 23% del salario mínimo sin que exista una relación directa con sus costos reales de operación.
La SIC recordó que el marco económico colombiano prohíbe la fijación de precios excesivos, los acuerdos entre empresas para manipular el mercado y cualquier influencia indebida de gremios o asociaciones en la determinación de condiciones comerciales. Bajo ese principio, señaló que recibirá y evaluará quejas de consumidores relacionadas con incrementos injustificados de precios.
La entidad también hizo énfasis en la protección al consumidor prevista en la Ley 1480 de 2011, que sanciona prácticas como publicidad engañosa, cláusulas contractuales abusivas, falta de información clara o incumplimiento de garantías.
En el caso específico del sector vivienda, la Superintendencia recordó que desde febrero de 2025 está vigente la Circular 4 de 2024, mediante la cual se instruyó a las constructoras a publicar y fijar los precios de sus proyectos exclusivamente en pesos colombianos, conforme a lo establecido en el Estatuto del Consumidor.
Además, la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal informó que reforzará los controles sobre precios de medicamentos y dispositivos médicos, un campo en el que actualmente supervisa cerca de 36.000 productos en el mercado.
Por su parte, el presidente Petro reiteró que las empresas que indexen sus precios al mismo porcentaje del aumento del salario mínimo estarían incurriendo en prácticas especulativas. Según el mandatario, este tipo de ajustes no corresponden a un mercado en competencia y terminan afectando a trabajadores y consumidores.
El Gobierno insistió en que el papel del Estado es vigilar y regular el mercado para evitar abusos y garantizar que los precios reflejen costos reales y no estrategias de maximización de ganancias sin justificación económica.
Mientras tanto, la SIC confirmó que mantendrá abiertas las investigaciones y actuará de oficio cuando detecte incrementos que no tengan respaldo técnico o contable.
