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Alrededor de 1.200 procesos en el Huila podrían enfrentar mayores retrasos debido a la reducción de defensores públicos prevista para 2026. Por segundo día consecutivo, estos profesionales participan en un cese de actividades en audiencias judiciales en el marco de la jornada nacional “Un día sin audiencias”, que se realiza ante la falta de recursos y el recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo.
Carlos Pérez, defensor público con varios años de trayectoria en la región, explicó que la disminución presupuestal no responde a un ajuste frente a un aumento proyectado, sino que reduce directamente los recursos ejecutados en 2025. Actualmente, Pérez atiende cerca de 200 expedientes simultáneamente, cada uno con audiencias, revisión de pruebas, entrevistas con usuarios y trámites ante juzgados y fiscalías.
Con menos defensores, cada abogado tendría que asumir alrededor de 500 casos, lo que obligaría a reprogramaciones frecuentes y prolongaría los tiempos de resolución de los procesos. Desde octubre de 2025, varios juzgados de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata ya venían fijando audiencias para septiembre de 2026, y la reducción de personal podría retrasar aún más los calendarios.
La jornada de cese de audiencias del 19 y 20 de enero fue convocada por la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo y contó con el respaldo de sindicatos de la Rama Judicial y de la Procuraduría, que aceptaron reprogramar diligencias.
Durante la manifestación también reclaman el impago de los honorarios de diciembre de 2025 a más de 4.200 defensores en todo el país, debido a la falta de giro de recursos del Ministerio de Hacienda. En el Huila, varios abogados indicaron que dependen de esos ingresos para sostener su trabajo y sus hogares.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que Hacienda comunicó que no había flujo de caja para cubrir los pagos y planteó la opción de trasladarlos al presupuesto de 2026, lo que implicaría una presión adicional sobre recursos ya recortados. Además, recordó que la Defensoría tiene autonomía presupuestal y que sus recursos no deberían tratarse como los de una dependencia ordinaria del Ejecutivo.
A nivel nacional, alrededor de 4.200 defensores públicos garantizan representación jurídica gratuita a personas que no pueden pagar un abogado. Su labor incluye no solo procesos penales, sino también asesoría en tutelas, acciones populares y habeas corpus.
Los defensores públicos garantizan representación legal gratuita a personas que no pueden costear un abogado particular. Su trabajo abarca la defensa en procesos penales, la atención de casos civiles, la asesoría en derechos fundamentales y la presentación de tutelas, acciones populares y habeas corpus. Cada defensor se encarga de revisar expedientes, preparar estrategias jurídicas, asistir a audiencias y coordinarse con fiscales, jueces y demás actores del sistema judicial para asegurar que sus usuarios reciban acompañamiento legal adecuado.
Además de litigar, los defensores públicos orientan a los ciudadanos sobre sus derechos y los mecanismos judiciales disponibles para protegerlos. Su labor resulta especialmente importante en zonas rurales o en sectores urbanos con bajos ingresos, donde muchas personas dependen exclusivamente de la Defensoría del Pueblo para acceder a la justicia y mantener garantías fundamentales frente a decisiones judiciales que pueden afectar su libertad, patrimonio o bienestar familiar.
