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En Colombia, la justicia continúa ajustando los mecanismos legales para priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en los procesos relacionados con custodia, manutención y movilidad internacional. Una de las medidas que ha tomado mayor relevancia es la limitación de ciertos derechos a los padres que incumplen con sus obligaciones alimentarias.
De acuerdo con la normatividad vigente, los progenitores que se encuentren en mora reiterada con el pago de la cuota alimentaria pierden la facultad de bloquear la salida del país de sus hijos como forma de presión frente al padre o madre que ejerce la custodia. Esta disposición busca evitar que los conflictos entre adultos terminen afectando derechos fundamentales de los menores.
La Ley 2097 de 2021, que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), establece que cuando un padre o madre es reportado en esta base de datos, se activan consecuencias legales que impactan directamente su capacidad de intervenir en decisiones migratorias del menor. Entre ellas, la pérdida de la posibilidad de oponerse al viaje internacional cuando se cumplen los requisitos previstos por la ley.
Para que un niño o adolescente pueda salir del país sin la autorización del progenitor deudor, es necesario demostrar ante la autoridad competente el incumplimiento de tres o más cuotas alimentarias, ya sean consecutivas o no. Una vez el deudor es inscrito formalmente en el REDAM, el padre o madre que tiene la custodia puede acudir ante un juez de familia o un comisario de familia para solicitar la autorización de salida sin necesidad de la comparecencia del moroso.
Este procedimiento no implica una autorización automática. Migración Colombia solo permitirá el viaje cuando se presente el documento oficial expedido por la autoridad judicial o administrativa, en el que conste que el permiso fue otorgado conforme a la ley y que se cumplió el conducto regular.
Además de las restricciones en materia migratoria, el registro como deudor alimentario también genera otras consecuencias, como impedimentos para contratar con el Estado o acceder a determinados cargos públicos, lo que refuerza la presión legal para el cumplimiento de las obligaciones económicas con los hijos.
Las autoridades han reiterado que estas medidas no buscan castigar de manera arbitraria, sino garantizar que la responsabilidad económica sea un elemento esencial para el ejercicio pleno de los derechos derivados de la patria potestad. En ese sentido, la normativa apunta a evitar que el incumplimiento en la manutención se convierta en una herramienta para obstaculizar procesos relacionados con educación, recreación, viajes o reunificación familiar.
Con este marco legal, se fortalece la protección de los derechos de los menores y se reduce el uso del permiso de salida del país como mecanismo de presión en conflictos entre padres, priorizando siempre el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
