Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
En el Huila se ha vuelto recurrente una escena que ya no sorprende pero sí duele. El nivel de la represa de Betania alcanza cifras altas, las lluvias aumentan y, casi de inmediato, se anuncia la apertura de compuertas, mientras río abajo el agua invade cultivos, cubre fincas y arrasa con meses de trabajo. Después llegan los comunicados técnicos y las explicaciones operativas, pero rara vez aparecen soluciones proporcionales al impacto ni compensaciones que respondan con justicia a las pérdidas sufridas.
La generación de energía es necesaria y Betania cumple un papel estratégico en el sistema eléctrico nacional, nadie desconoce esa realidad. Sin embargo, lo que sí merece un debate serio es la manera como se gestiona el riesgo, porque durante años se ha privilegiado mantener altos niveles de almacenamiento que aseguran capacidad constante de generación, pero que reducen el margen de maniobra cuando se presentan temporadas de lluvias intensas. En un contexto de variabilidad climática creciente, operar con el embalse cercano a su máxima capacidad implica asumir un riesgo que termina trasladándose a las comunidades rurales.
Cuando el volumen almacenado es elevado y las precipitaciones superan lo previsto, la respuesta técnica suele ser aumentar las descargas, decisión que puede estar respaldada por protocolos, pero cuyos efectos no se quedan en el papel. Los arrozales, los cultivos de maíz, cacao y plátano, así como otras siembras que sostienen la economía huilense, quedan bajo el agua en cuestión de horas, generando pérdidas que afectan no solo a productores individuales sino a cadenas completas de abastecimiento regional.
Lo preocupante es que no se trata de episodios aislados sino de situaciones repetidas en el tiempo, lo que obliga a cuestionar si estamos ante una gestión verdaderamente preventiva o ante un modelo que prioriza la eficiencia financiera sobre la prudencia territorial. El cumplimiento formal de la regulación no basta cuando los impactos son reiterados, porque la responsabilidad social y ambiental de una empresa que administra infraestructura de alto impacto exige anticipación, transparencia y diálogo efectivo con quienes resultan afectados.
El campesino huilense produce con créditos, con planificación y con la expectativa legítima de estabilidad. Cuando el agua arrasa sus cosechas pierde ingresos, capacidad de pago y confianza en el futuro, y esa incertidumbre constante erosiona la economía del departamento. A esto se suma una respuesta institucional que muchas veces se percibe débil, sin controles contundentes ni mecanismos ágiles de compensación, lo que alimenta la sensación de abandono frente a decisiones que se toman lejos del territorio pero cuyos efectos se sienten con fuerza en cada vereda.
La discusión no debe plantearse como un enfrentamiento entre energía y agricultura, sino como una exigencia de equilibrio y corresponsabilidad. Si el país se beneficia de la energía que produce Betania, el Huila merece una operación más prudente en temporadas críticas, sistemas de alerta temprana eficaces y compensaciones oportunas cuando existan daños atribuibles a decisiones operativas. El desarrollo auténtico no puede edificarse sobre pérdidas recurrentes de quienes trabajan la tierra, porque una región que aporta energía y alimentos también tiene derecho a que su territorio y su gente sean tratados con respeto y responsabilidad.
