Judicial
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) expresó su rechazo frente a la decisión de la jueza primera penal del Circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, que ordenó a un medio de comunicación borrar de su página web una investigación relacionada con la paternidad de un magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
La medida, según el CPB, constituye una forma de censura previa que vulnera el artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de prensa. En el comunicado, el gremio periodístico señaló que “cuando desde el poder judicial se pretende silenciar a los medios de comunicación, se cruza una línea roja que pone en riesgo la democracia y el derecho ciudadano a recibir información veraz y oportuna”.
La información publicada por el medio independiente CasaMacondo incluía supuestas declaraciones del magistrado Ibáñez en contra de una expareja que reclama el reconocimiento de la paternidad de su hijo. La jueza justificó la medida argumentando que “el juicio de reproche debe trasladarse hacia el medio de comunicación porque publicó una información entregada en un espacio de confianza y porque la investigación somete al escarnio público dichos asuntos”.
El CPB considera que esta decisión desconoce la protección constitucional frente a la censura previa. “No admite matices, no tolera excusas y no puede disfrazarse de medida cautelar”, afirmó el gremio en su pronunciamiento.
El Círculo recordó que los magistrados y altos funcionarios no están por encima del escrutinio público y que la honra no puede convertirse en un escudo para impedir investigaciones periodísticas ni en una mordaza contra la crítica legítima. Según el comunicado, “si se consolida este precedente, cualquier periodista que investigue asuntos de interés público quedará expuesto a decisiones intimidatorias que buscan inhibir su labor”.
El pronunciamiento subraya la importancia de que la prensa pueda ejercer su labor sin restricciones, especialmente en casos que involucran a funcionarios públicos, y señala que cualquier intento de censura previa pone en riesgo no solo la labor periodística, sino también el derecho de los ciudadanos a acceder a información relevante.
