Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
La protesta social es un derecho, eso no está en discusión, lo que sí debe discutirse es cuando ese derecho se convierte en excusa para el vandalismo, la destrucción y el caos. Lo ocurrido en el centro de Neiva durante las recientes marchas no puede normalizarse ni justificarse bajo ningún argumento ideológico.
Destruir, rayar fachadas, afectar el comercio y sembrar miedo no es manifestars, es delinquir. Neiva es una ciudad de comerciantes, trabajadores y familias que viven del esfuerzo diario, cada vitrina rota y cada negocio afectado no golpea a “un sistema”, golpea a ciudadanos que madrugan, que pagan impuestos y que luchan por sostener empleo. El vandalismo no es rebeldía, es irresponsabilidad social.
Uno de los grandes problemas de estas jornadas es que, aunque inician bajo una consigna legítima, terminan siendo infiltradas por grupos que no buscan cambios sino confrontación y allí es donde el Estado no puede titubear. La fuerza pública no está para observar pasivamente cómo destruyen la ciudad, está para protegerla.
El debate no debe centrarse en si se respeta el derecho a la protesta sino en si estamos aplicando con firmeza el principio de autoridad cuando ese derecho se desborda hacia el delito. Un Estado democrático no es un Estado débil, es un Estado que garantiza libertades, pero también hace cumplir la ley.
La permisividad prolongada genera un mensaje peligroso: que destruir no tiene consecuencias y cuando no hay consecuencias, el vandalismo se repite. La justicia debe actuar con celeridad, identificar responsables y aplicar sanciones ejemplares dentro del marco legal. La impunidad es el mejor combustible para la próxima alteración del orden público.
No se trata de reprimir la protesta ni de desconocer derechos fundamentales, se trata de entender que los derechos vienen acompañados de deberes. El derecho a marchar no incluye el derecho a destruir. El derecho a expresar inconformidad no habilita a afectar el patrimonio público y privado.
Neiva necesita orden, autoridad legítima y aplicación efectiva de la ley. Necesita instituciones que protejan al ciudadano honesto con la misma determinación con la que protegen las libertades colectivas. La democracia se fortalece cuando hay participación, pero también cuando hay límites claros. Y hoy el límite es evidente: protesta sí, vandalismo no.
Una ciudad que permite que la violencia se disfrace de manifestación termina perdiendo mucho más que una pared pintada: pierde confianza, pierde inversión y pierde tranquilidad y eso, simplemente, no lo podemos aceptar
