Por: Fredy Ernesto Tovar Montenegro
Opinión
El decreto emitido por el presidente Gustavo Petro que fijó el salario mínimo, pasó de ser una decisión administrativa con argumentos jurídicos institucionales y económicos, tras la suspensión temporal por parte del Consejo de Estado, a ser un símbolo de resistencia y un pulso entre legalidad formal y la legitimidad con respaldo popular.
Lo evidente no se hizo esperar, en la semana que hoy finaliza, cientos de miles de ciudadanos se tomaron nuevamente las calles, los parques y las plazas con el firme propósito de brindar respaldo irrestricto a la decisión de Petro y su gabinete. Lo que vivimos esta semana no fue una movilización abstracta ni ideológica, como algunos de los medios tradicionales la quisieron visibilizar, fue una reacción consciente ante un acto que les golpeaba el bolsillo, la canasta del mercado y especialmente la dignidad colectiva. El salario mínimo no es solo una cifra que deciden los tecnócratas, es profusamente el limite o la división entre subsistencia con dignidad y precariedad para varios millones de colombianos.
Nunca el pueblo había esgrimido el argumento del “salario mínimo vital” consagrado en la Constitución Política de Colombia y así lo entendieron muchos sectores de la sociedad quienes interpretan que el decreto para nada refleja un abuso del Ejecutivo, simplemente es el cumplimiento de un mandato superior constitucional. El salario mínimo Vital se define de cara a la inflación, el encarecimiento de servicios y alimentos, y la perdida histórica del poder adquisitivo del dinero en nuestro país.
La suspensión ejecutada por el Consejo de Estado ha sido leída como un palo en la rueda que entorpece las políticas sociales del gobierno actual, no es un simple debate de control jurídico o técnico, es truncar la oportunidad de corregir y enrutar rezagos excluyentes estructurales. Es que cuando a las mayorías se les afecta una decisión que ha mejorado sus vidas pues la defienden.
Paradójicamente el reconocimiento del impacto positivo del aumento del salario, no solo ha provenido de sectores afines al Gobierno, representantes de la derecha política e importantes voceros empresariales han admitido públicamente que el incremento dinamiza el consumo interno, el efectivo circulante aumenta igual que la demanda, especialmente en las economías locales.
Ese reconocimiento no implica unanimidad ni exonera el debate técnico en torno a la productividad, informalidad y sostenibilidad; pero lo que es innegable es como el mínimo dejó de ser tabú económico y está consolidándose como herramienta de política pública.
Históricamente el aumento del mínimo respondía a los intereses del empresario y en general del empleador, era presentado como una amenaza para el empleo, pero el hecho de que actores del gremio empresarial identifiquen argumentos y efectos positivos, como estabilidad en el mercado interno, marca un hito de inflexión en los años venideros cuando retomemos el debate del aumento del mínimo en Colombia.
Lo que se vio esta semana demuestra que las decisiones económicas con impacto real generan consensos inesperados. El salario mínimo ya no es solo una cifra fría, es una bandera que hoy levanta la dignidad laboral y es una prueba que la política económica moviliza afectos y lealtades democráticas.
El debate no es únicamente sobre competencias jurídicas, es especialmente sobre un modelo de desarrollo que quiere un sector amplio del país y sobre cómo se interpreta el mandato constitucional de garantizar equidad a través del salario mínimo. Cuando la ciudadanía sale a la calle está diciendo que la democracia también se construye desde el ingreso salarial vital que permite a las mayorias vivir con dignidad.
