ACTUALIDAD
Un proyecto que avanza en el Congreso de la República propone introducir cambios en las normas que regulan la convivencia dentro de conjuntos residenciales y edificios bajo régimen de propiedad horizontal, con medidas dirigidas a la tenencia responsable de animales de compañía.
La iniciativa legislativa busca ajustar disposiciones contenidas en la Ley 675 de 2001, norma que regula este tipo de viviendas en el país, incorporando herramientas que permitan reducir conflictos entre vecinos relacionados con la presencia de mascotas y, al mismo tiempo, fortalecer su protección.
La propuesta, identificada como Proyecto de Ley 007 de 2024, plantea que los residentes que convivan con perros o gatos deberán reportarlos formalmente ante la administración del conjunto o edificio donde habitan. La medida apunta a crear un registro interno que permita conocer cuántos animales viven en cada copropiedad y quiénes son sus responsables.
De acuerdo con el articulado en discusión, tanto propietarios como arrendatarios estarían obligados a suministrar la información requerida para integrar este censo animal, el cual deberá ser habilitado por los órganos administrativos de cada propiedad horizontal.
El registro incluiría datos básicos del animal y de su cuidador, entre ellos identificación del dueño, nombre de la mascota, edad aproximada y condición de esterilización. Posteriormente, esa información sería remitida por las administraciones a las alcaldías municipales o distritales, con el propósito de apoyar estrategias locales de control y bienestar animal.
El proyecto también contempla consecuencias para quienes omitan cumplir con el registro. Las sanciones serían aplicadas conforme a los reglamentos internos de cada copropiedad y las decisiones adoptadas por las asambleas generales de residentes.
Según lo planteado en el debate legislativo, la intención no es restringir la tenencia de mascotas, sino establecer mecanismos que faciliten la convivencia dentro de espacios compartidos, donde el aumento de animales domésticos ha generado nuevos retos para administradores y comunidades.
La discusión continúa en el Congreso, donde se evaluará el alcance de las medidas y su impacto en millones de familias que viven en conjuntos residenciales en distintas ciudades del país.
