Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
Hablar de enfermedades en las cárceles no es un asunto de comtpasión, sino de realidad institucional. Patologías como la tuberculosis no surgen por azar, sino en contextos de hacinamiento, mala ventilación y debilidad en la atención en salud, condiciones que siguen marcando el sistema penitenciario colombiano. No es casualidad que la incidencia de esta enfermedad en población privada de la libertad sea muy superior a la de la población general, ni que junto a ella circulen otras infecciones como VIH, enfermedades respiratorias y brotes virales que encuentran en estos entornos el escenario perfecto para expandirse, lo que evidencia que las cárceles no solo son espacios de reclusión, sino también focos de riesgo sanitario permanente.
Las cifras confirman que el problema es estructural. En Colombia, miles de personas privadas de la libertad han enfermado en los últimos años y más de mil han muerto dentro de los centros de reclusión, muchas de estas muertes asociadas a enfermedades y a fallas en la atención médica, al punto que diferentes análisis han advertido que en promedio muere una persona privada de la libertad cada día en el país. A esto se suma una población carcelaria que supera las cien mil personas, concentrada en establecimientos que históricamente han presentado hacinamiento crítico, lo que facilita la propagación de enfermedades y agrava las condiciones de salud de los internos.
Cuando se aterriza esta realidad al contexto local, el panorama no es distinto. El establecimiento penitenciario de Neiva, ubicado en la vía hacia Rivera, forma parte de este mismo sistema que arrastra problemas estructurales de hacinamiento y deficiencias en la prestación de servicios de salud, situación que ha sido objeto de análisis académicos y que evidencia fallas en la atención y en el cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a la población privada de la libertad. En el departamento del Huila, además, se han registrado niveles de hacinamiento cercanos al treinta por ciento, lo que confirma que la presión sobre la infraestructura carcelaria no es un fenómeno aislado, sino una constante que incide directamente en la calidad de vida y en los riesgos sanitarios dentro de los centros de reclusión.
Aquí es importante hacer una precisión necesaria. Este no es un llamado a la lástima, ni una justificación frente al delito. Quienes están privados de la libertad deben responder ante la justicia. Sin embargo, el verdadero problema es que Colombia no cuenta con un sistema penitenciario orientado a la resocialización, sino con uno que termina profundizando el deterioro humano. Una persona que vive en abandono, sin acceso real a educación, trabajo o condiciones dignas, difícilmente puede reconstruir su proyecto de vida, y en ese contexto la salud deja de ser un tema aislado para convertirse en una evidencia más de un sistema que no transforma, sino que agrava, lo que explica por qué muchos internos no salen mejor, sino más endurecidos y con mayores niveles de riesgo para la sociedad.
La discusión, entonces, no puede quedarse en si hay o no brotes dentro de las cárceles, sino en lo que el Estado está devolviendo a la sociedad. Cada persona que no es resocializada representa un potencial problema de seguridad ciudadana, y por eso el país necesita un cambio profundo que supere la lógica del encierro como única respuesta y avance hacia un modelo que combine sanción con verdadera transformación, a través de educación, oportunidades laborales, atención en salud y condiciones dignas, no por altruismo, sino por una razón básica de seguridad, porque un sistema que produce reincidencia en lugar de rehabilitación no solo fracasa, sino que termina afectando a toda la sociedad.
