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El Gobierno presentó un recurso para intentar que la reforma a la salud, que ya había sido archivada en el Congreso, vuelva a discutirse. Ahora la plenaria del Senado debe votar si acepta esa solicitud. Si la mayoría está de acuerdo, el proyecto no se hunde y puede seguir su trámite en otra comisión. Si la votación es negativa, la iniciativa queda descartada.
La discusión ocurre mientras el sistema de salud enfrenta problemas de dinero. Proyecciones para 2026 muestran que los recursos no alcanzarían para cubrir todas las necesidades. En el caso de enfermedades huérfanas, por ejemplo, el presupuesto disponible es de un billón de pesos, pero los cálculos señalan que se requieren cerca de 4.5 billones para atender a los pacientes.
Uno de los puntos centrales del proyecto es cambiar el papel de las Entidades Promotoras de Salud. La propuesta plantea que pasen a llamarse Gestoras de Salud y Vida y que asuman nuevas funciones. Las entidades que no acepten este modelo o no cumplan las condiciones tendrían que retirarse o entrar en proceso de liquidación.
El manejo de los recursos también tendría un cambio. La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud asumiría el control de los pagos y giraría directamente el dinero a hospitales y clínicas. Con esto se busca eliminar la intermediación financiera que hoy ejercen las EPS.
La reforma incluye además la creación de Centros de Atención Primaria en distintas regiones del país. La idea es que cada persona esté vinculada a un centro cercano a su vivienda, donde pueda recibir atención básica y seguimiento, con el fin de prevenir enfermedades y reducir la necesidad de servicios más complejos.
En materia laboral, el proyecto propone que el personal de salud tenga contratos directos con las instituciones. La iniciativa plantea dejar atrás los contratos por prestación de servicios y avanzar hacia un esquema con mayor estabilidad para médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector.
Al mismo tiempo, han aumentado las acciones judiciales de los usuarios. Entre 2025 y 2026 se ha registrado un crecimiento en las tutelas y quejas por dificultades en la atención, lo que refleja los problemas actuales del sistema.
La votación en el Senado definirá si la reforma continúa su curso o si queda archivada de manera definitiva.
