Por Pedro Javier Jiménez
Opinión
El país no está para experimentos. Ya tenemos uno en la Casa de Nariño, que ha dejado a Colombia fracturada y resentida, no —como dice la Constitución— unida y en vía de progreso.
Al siguiente gobierno le tocará tomar decisiones duras, números claros y resultados medibles.
Por eso, la postura sobre Iván Cepeda Castro no es ideológica ni emocional. Es práctica. Es económica. Es institucional. Es sobre la capacidad real de gobernar un país que ya tiene las finanzas tensas, la seguridad debilitada y la economía creciendo por debajo de lo que necesitan las familias.
No puede ser Cepeda.
No porque sea una mala persona.
No porque no tenga convicciones.
No porque su discurso sea radical.
No puede ser Cepeda porque su visión de país y su programa no resuelven los problemas reales del país. Es una visión del siglo pasado, que ya ha fracasado en todos los países donde se ha intentado imponer.
El documento, su programa de gobierno, habla de transformación social, de justicia territorial, de economía popular y de fortalecimiento del Estado. Todo suena bien en el papel. Pero cuando se busca lo esencial —cómo se paga todo eso— el silencio es evidente.
Y en política pública, el silencio financiero es el primer síntoma de irresponsabilidad. Este gobierno de Petro ha sido irresponsable con las finanzas públicas, y la visión de Cepeda es seguir ampliando el Estado. ¿Es eso responsable?
Hoy Colombia ya está gastando más de lo que produce. El déficit fiscal se ha movido en niveles cercanos al 6,4 % del PIB, y la deuda pública ronda cifras que comprometen el margen de maniobra del Estado: 64 % del PIB. Eso significa que el país tiene menos espacio para equivocarse.
En ese contexto, proponer más Estado sin explicar cómo se financia no es una política social.
Es un riesgo país.
La política social sin respaldo fiscal termina siempre igual:
más impuestos, más deuda o más inflación.
No hay cuarta opción.
El programa de Cepeda no define con claridad la política tributaria. No dice cuánto va a subir la carga fiscal, ni a quién se le va a cobrar, ni cómo se va a proteger la inversión. Tampoco establece reglas fiscales de largo plazo ni compromisos de disciplina presupuestal.
Usted, que tiene una ferretería, un almacén, una venta de accesorios para celular o una carnicería, ¿sabe qué le propone Cepeda en términos de impuestos?
Eso genera incertidumbre.
Y la incertidumbre es veneno para la economía.
Cuando el empresario no sabe cuánto va a pagar en impuestos, no invierte.
Cuando no invierte, no contrata.
Cuando no contrata, el desempleo crece.
Así de simple.
El principal problema de las familias colombianas hoy no es la ideología.
Es el ingreso.
La plata no alcanza.
El empleo es inestable.
La informalidad supera el 55 % de la fuerza laboral en muchas regiones.
Ese es el drama real: de cada 100 personas, 55 son informales y no tienen seguridad social.
Sin embargo, el programa no presenta una política concreta de empleo. No hay metas claras de generación de puestos de trabajo formal. No eso que ahora llaman “ocupados”: ocupado el señor que vende Vive 100 y que está parado en el semáforo 12 horas al día, sin seguridad social.
No hay estrategia de formalización.
No hay incentivos para que las empresas crezcan y contraten más gente.
Se habla de derechos.
Pero no se habla de productividad.
Se habla de redistribución.
Pero no se habla de creación de riqueza.
Y sin riqueza, no hay nada que repartir.
El problema se agrava cuando se mira la salud. El sistema sanitario está financieramente presionado, con deudas acumuladas y hospitales operando al límite. Eso no es un debate ideológico. Es un problema de caja.
La salud cuesta plata.
Mucha plata.
Y el programa no explica con precisión cómo se va a financiar un sistema más grande en un país con menos margen fiscal.
Prometer más cobertura sin garantizar sostenibilidad es una receta conocida:
el servicio se deteriora.
La educación enfrenta el mismo vacío. Miles de jóvenes se gradúan cada año sin encontrar empleo, y ahora, en un país con visión de dependencia estatal, los jóvenes ya ni soñarán con ser emprendedores. No porque no estudien, sino porque la economía no crece lo suficiente para absorberlos.
El país necesita educación que produzca trabajo y que produzca empresarios.
Pero el programa trata la educación como un derecho social, no como una herramienta económica. No hay una estrategia clara de empleabilidad, de formación técnica o de conexión entre educación y mercado laboral.
Eso no es desarrollo.
Es desconexión.
La infraestructura productiva tampoco tiene una hoja de ruta seria. El desarrollo se construye con carreteras, puertos, energía y logística. Sin esas condiciones, las regiones no crecen y los costos se disparan. Este gobierno que termina no hizo nada trascendente por la infraestructura.
Hablar de territorios sin hablar de inversión es retórica.
Y la retórica no mueve la economía.
Pero el punto más delicado es la seguridad.
Sin seguridad, no hay país.
Hoy Colombia vive una realidad que no admite falsas discusiones: extorsión, narcotráfico, homicidio, sicariato, contrabando, invasión de tierras, reclutamiento de menores y control territorial por grupos armados. Y les dejo un dato: hoy no hay paramilitares. Esa carreta que tiran cada vez que hablan de los gobiernos anteriores ya no está en el escenario. Hoy hay narco-guerrilleros.
Eso está pasando ahora.
No en teoría.
En la vida diaria.
Y frente a ese escenario, el programa no presenta una estrategia operativa clara de seguridad. No define metas de reducción del crimen, ni fortalecimiento institucional, ni control territorial efectivo.
Se explican las causas sociales de la violencia.
Pero no se define cómo se la enfrenta.
Ese vacío es peligroso.
Porque cuando el Estado duda, los grupos ilegales avanzan.
Cuando la autoridad se debilita, la economía se frena.
Y cuando la economía se frena, el bienestar desaparece.
El colombiano de a pie —el que no está pensando qué pasó hace 200 años, el que vive hoy y el que sueña con mañana— no necesita discursos sobre transformación social.
Necesita estabilidad.
Necesita empleo.
Necesita seguridad.
Necesita servicios que funcionen.
Necesita un Estado que administre bien la plata.
Ese es el punto.
El país no necesita más cháchara.
Necesita resultados.
No necesita más ideología.
Necesita gestión.
No necesita más discursos.
Necesita gobierno.
Y cuando se analiza el programa con frialdad —sin pasión política, sin consignas, sin romanticismo— la conclusión es dura, pero evidente:
No puede ser Cepeda.
No porque no quiera cambiar el país.
Sino porque su propuesta no demuestra que pueda administrarlo.
Esta columna no se centra en nada personal del señor Cepeda.
Es el resultado de leer su programa de gobierno, lleno de romance izquierdista que ha fracasado en distintas partes del mundo.
Usted, que leyó hasta aquí, que es dueño de su propio sueño de vida, no se lo entregue a una visión estatista que lo quiere volver dependiente.
